JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
"Tengo sentimientos encontrados, difíciles de entender, de por qué en un momento dado durante mi administración se presentaron tantas quejas sin los soportes jurídicos suficientes. Esto no solo deterioró la imagen del departamento, sino la mía y la de mi familia, con perjuicios morales y económicos muy grandes".
Con estas palabras, el exgobernador de Caldas Mario Aristizábal Muñoz recibió la noticia de la Contraloría General de la República, que decidió el pasado 15 de mayo archivar el proceso de responsabilidad fiscal en su contra, por el presunto detrimento patrimonial en el contrato del chance.
Este acuerdo se suscribió con Susuerte entre el 2007 y el 2011, pero en enero del 2009 se firmó otro que le redujo las transferencias a la salud en $9 mil 232 millones (Ver: La investigación).
Hace un año la Procuraduría general anunció que no encontró ninguna incompatibilidad en el proceso, lo que le permitió al exmandatario recuperar su derecho a aspirar y ocupar cargos públicos.
Ahora la Contraloría, después de un primer concepto el pasado 17 de abril, ratificó su fallo.
Satisfecho, pero triste
De allí la satisfacción de Aristizábal Muñoz, quien celebró el cierre definitivo del caso, tanto para él, como para nueve personas más que fueron investigadasen su momento. Se incluyen el exgerente de Edsa Adolfo León Mejía; la exsecretaria privada María del Pilar Joves, el exsecretario de Hacienda Pedro Javier Misas y el exgerente de Susuerte, Alexánder Quintero.
Pese a su alegría, en diálogo con LA PATRIA, el exgobernador insistió en que fue una muestra clara de la persecución política en su contra, por lo que cuestionó a la Corporación Cívica de Caldas (CCC) y a este medio de comunicación, en un proceso que calificó como dañino.
"La suspensión no solo fue sorpresiva, sino injusta, abusiva y errada en todo sentido. Ahí se ve a todas luces que el daño fue grave, con calumnias e injurias absurdas y aterradoras, maquilladas y manejadas, y unas mentes completamente malignas", sostuvo.
Desprestigio
El exgobernador también cuestionó que aunque en su momento muchos estuvieron en su contra, hoy esas personas están en la administración. "Aquellos que en su momento en la CCC me denunciaron y que eran supuestamente los veedores, hoy hacen parte de la administración pública, cometiendo, eso sí, unos horrores en los procesos de administración", dijo.
Aunque no quiso refererise a casos concretos de esos que calificó de "horrores",sí insistió: "para eso están los entes de control y en su momento tendrán que investigar y mirar lo que está pasando".
También lamentó que nadie quiso escucharlo en su momento, ni hacer eco. "Nadie quiso sentarse con juicio, a excepción de nuestra defensa, a escucharnos, ni conocer que en el período de Mario Aristizábal fue donde más recursos se le transfirió a la salud y a la educación", dijo.
Pese al largo proceso, y a lo que califica un daño grave, sostuvo que está tranquilo y aunque ha pensado en tomar acciones legales, lo analizará con cabeza fría. "Ya el daño se hizo, lo único es pedirle a Dios que nos dé ánimos para seguir. Sí espero que haya disculpas por los errores cometidos contra esta administración", sostuvo.
La investigación
* El caso tuvo que ver con el contrato que se firmó entre la Empresa Departamental de la Salud (Edsa) y Susuerte entre el 1 de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2011 por $50 mil 497 millones.
* Pese a ello, luego de un otro sí que se firmó el 19 de enero del 2009, la salud dejó de percibir $9 mil 232 millones, debido a que el contrato finalmente se redujo a unos $40 mil millones.
* Esa reducción levantó ampollas en la Asamblea, pues los cuestionamientos del exdiputado liberal Néstor Toro insistían que era ilógico y un mal precedente para las demás empresas de chance.
* El exgerente de Edsa Adolfo León Mejía, dijo que había explicaciones concretas que demostraban que no se está favoreciendo a Susuerte, y que erancoherentes con la actual recesión mundial.
* Susuerte hablaba de un rompimiento del equilibrio económico, por lo quedesde enero del 2008 hizo la solicitud, atendida en el 2009.
* La Contraloría General abrió el proceso en abril del 2011 y a solo tres meses de terminar su administración suspendió a Aristizábal Muñoz en septiembre del 2011. En enero del 2012 la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 10 años. Las primeras investigaciones sobre este caso y el presunto detrimento patrimonial las inició LA PATRIA.
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