Surtidores de gasolina tendrán más controles

COLPRENSA | LA PATRIA | MEDELLÍN

A partir del 2016 habrá freno efectivo para quienes en el país engañan vendiendo menos de lo que indican básculas, pesas, balanzas, surtidores de gasolina o cualquier instrumento de medición relacionado con transacciones comerciales.

Se trata del nuevo Sistema de Información de Metrología Legal (Simel) que estrena la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que fue aprobado por la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, sancionada hace un mes por el presidente, Juan Manuel Santos.

El nuevo sistema de información es el resultado de tres años de implementación y es similar al modelo aplicado en España. Ya está respaldado en una plataforma tecnológica que permite registrar en línea y en tiempo real la verificación de los instrumentos de medición, lo que también blinda el procedimiento de posibles actos de corrupción, informó Alejandro Giraldo López, superintendente delegado para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.

Hasta ahora la SIC solo contaba con 40 ingenieros para realizar las visitas de inspección en todo el país, que se estima tiene más de medio millón de instrumentos de medición sujetos a supervisión.

En lo que va del 2015 se han impuesto 70 multas que superan los 10.000 millones de pesos, mientras que se registraron 156 sanciones en 2014, por 7.700 millones.

Pero con el nuevo modelo pueden ser muchas más al aumentar los controles en todos los establecimientos. El Simel permitirá conocer con exactitud cuántos instrumentos de medición hay en el país, su ubicación, responsables y si esta por revisar, por regularizar o con verificación vigente.

Para lograrlo, en los próximos meses se publicarán los términos de referencia para una convocatoria pública de empresas interesadas en ser Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (Oavm).

¿Cómo funciona?

Cuando el consumidor considere que el instrumento de medición empleado en una transacción no es confiable, puede presentar su queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o la gobernación o alcaldía de la jurisdicción. Cuando se compruebe que hubo alteración o de alguna forma engaño se ordena el retiro e inutilización del instrumento y se imponen sanciones de hasta 100 salarios mínimos (64,3 millones de pesos para 2015).