Propuestas de fondo en minería: regalías, ilegalidad y vetos

TATIANA GUERRERO

LA PATRIA | MANIZALES

La minería en Colombia busca nuevos caminos. Con el fin de lograrlo, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) propuso al Gobierno Nacional cuatro retos en materia jurídica para el desarrollo de la industria. Algunos ya trazados y con intenciones de convertirse en ley antes de que culmine el 2019.

Sin embargo, las propuestas ya tienen sus detractores, quienes consideran que no son viables para el beneficio de los mineros pequeños y medianos y las comunidades.

La lluvia de propuestas enterraría algunas medidas y defendería los intereses de las grandes mineras. A continuación los postulados:

1. Avanzar en la ley de consulta previa

De acuerdo con Nariño, la idea es crear una hoja de ruta con reglas de juego claras, en las que se aclare cómo se consulta con las comunidades, entregándole sus garantías. Este es un derecho que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se van a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar su participación. Se presentará en el primer semestre del 2020 y prevé ajustar las garantías que tienen las minorías para frenar la extracción minera. Argumentan que existe un abuso del mecanismo y que paraliza proyectos para el desarrollo del país. "Queremos que la actividad minera se consolide como aliada de los territorios de forma incluyente y responsable"

* En contra

Alexánder Álvarez, asesor jurídico de mineros en Caldas, se opone a esta iniciativa. Considera que es quitarle el último rayo de oposición que tienen las minorías. Por ejemplo, Marmato sería un afectado, pues tiene derecho a consultas populares y previas. Agrega que la ley cobijaría a las trasnacionales que desarrollan proyectos megamineros con altos impactos ambientales, pues este mecanismo de participación solo frena la minería a gran escala, no a extracciones pequeñas.

2. Reforma al Sistema General de Regalías (SGR)

Álvarez le da la bienvenida a esta reforma. A finales de marzo la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende reformular el SGR a partir de dos líneas de acción: el fortalecimiento de la participación de las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas y la mejora en el procedimiento de seguimiento y aprobación de proyectos de inversión. En palabras del presidente de la ACM, se busca equilibrar las partidas provenientes de la extracción de los recursos naturales no renovables entre los territorios mineros y los que no lo son.

¿Cómo lograrlo? La iniciativa del Gobierno es aumentar los ingresos corrientes de las regiones productoras, que pasarían del 20% a entre el 30% y el 50%. El beneficio obedece al impacto directo que estos territorios registran. Además, si no mejora la participación de los productores, se pondrían en jaque los proyectos y las regalías destinadas para otras regiones.

En la misma reforma se ajustaría el funcionamiento y operación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), los cuales han sido criticados por los altos costos que generan, la concentración de participación que tienen y el debilitamiento de la autonomía territorial.

*A favor

Las comunidades ven con buenos ojos el proyecto. Lo anterior debido a que además de aumentar los recursos, podría ser el fin para los OCAD. Un sistema que según Álvarez centralizó el dinero por concepto de regalías. Lo que antes se quedaba en los municipios se empezó a distribuir de igual forma en los departamentos. Señala que este sistema es uno de los más corruptos en el país y que ha congelado proyectos de desarrollo porque la ejecución es mínima.

3. Ley de Concurrencia y Coordinación

La decisión emitida por la Corte Constitucional el año pasado le dio un espaldarazo al gremio minero, el cual participa en la construcción de la ley. La ACM sostiene que es un gran paso que da luz a la industria extractiva. La entidad judicial argumentó que los movimientos ciudadanos o consultas populares no pueden desconocer la propiedad que tiene el Estado sobre el uso del subsuelo, medida que veta al activismo ciudadano, ya que las consultas populares o los acuerdos municipales no se frenarán más los proyectos extractivos de minería e hidrocarburos. El Congreso tiene dos años para terminar la legislación.

* No rotundo

"Las comunidades no tendrían velas en ese entierro", señala Álvarez con resignación. Para él a lo largo de la historia, el pueblo ha perdido la participación y el poder se concentró en entidades. Debido a que los municipios no participan en los otorgamientos de títulos, la responsabilidad recae en las corporaciones regionales y la Agencia Nacional de Minería. “Una vez la Corte Constitucional reconoció estos mecanismos, primero a las minorías y luego a la comunidad, las grandes compañías amenazaron al Estado colombiano con demandas y ahora se habla de regular la Consulta Popular, lo que equivale a tumbarla”.

4. Una ley contra la extracción ilícita de minerales

Desde la aprobación del Código de Minas en Colombia, los requisitos para obtener una licencia minera fueron inviables. Por ejemplo, a un minero de Marmato le exigían las mismas condiciones que a una compañía, un proceso que era costoso y poco rentable. Este cambio permitió el nacimiento de la minería ilegal, e informal. Otra de las trabas para las grandes empresas mineras.

La petición de la ACM al Gobierno de Duque es formalizar a los mineros para que no entorpezcan la actividad de explotación y se pueda retornar la inversión hecha. El Ministerio de Minas y Energía trabaja para combatir este flagelo. Según el presidente, conforma una fuerza militar para combatir la ilegalidad y a quienes la practican. Ese grupo está en proceso con el Ministerio de Defensa.

* "No es aceptable"

Los mineros consideran que más que formalización, el mensaje del presidente Duque habla de

represión. Se apoyan en que la cifra de informales supera a los trabajadores de las multinacionales. La gran minería no es una gran fuente de empleo, porque se respalda en la maquinaria y la poca mano de obra debe ser calificada y no corresponde a trabajadores rasos.

Alexánder Álvarez sostiene que el presidente en la intervención en el Congreso anunció la creación de un grupo militar. “Hay un decreto que Duque aplica y es que si los militares llegan a un sitio y hay maquinaria sin el respaldo de un título, se procede a destruirla. En cualquier otro lugar se retendría y se respetaría el debido proceso. ”