Procuraduría pide explicaciones a gerente de la ILC

A la par con la advertencia que hizo la región vecina de adelantar acciones legales por el cumplimiento, apenas parcial, ahora la Procuraduría General de la Nación requirió a la gerente de la Industria Licorera de Caldas (ILC), Patricia Elena Cárdenas, como una acción preventiva, con el fin de que explique la situación.

La medida se debe a que, según el secretario de Hacienda de Risaralda, Diego Velásquez, no cumplieron la meta de venta e introducción, lo que le implicó al Departamento dejar de percibir el año pasado unos $3 mil 974 millones que busca reclamar y recuperar por vía legal, no solo por los productos de Caldas, sino también por las licoreras del Valle del Cauca y Cundinamarca, que también habrían incumplido.

En el caso de la ILC, Velásquez explicó que, al no cumplir su meta de ventas, Risaralda dejó de percibir unos $1.750 millones.

Los datos que refiere el organismo de control indican que se debieron ingresar el año pasado 410 mil botellas de licor, a través de su comercializadora TM S.A., pero solo distribuyeron 189 mil 268 unidades. Aún así, Velásquez insiste en que eran unas 400 mil botellas en la vigencia pasada, y solo se vendieron 227 mil.

Según el funcionario, aunque TM S.A. asegura que sí cumplió, Risaralda se mantiene en que ellos se basan en una fórmula que hay en el contrato, motivo por el cual se convierte en un tema de interpretación y eso lo debe dirimir un juez.

Espera

Bajo estas condiciones, el ente de control le solicitó a la gerenta que dé claridad sobre cuáles han sido las medidas tomadas en la destilería para contrarrestar los riesgos que puedan generar estas demandas, y para evitar el presunto incumplimiento de los contratos de distribución.

También resalta que dicha acción preventiva, adelantada a través de la Procuraduría Regional de Caldas, busca que la funcionaria informe si es cierta la información que ha dado el departamento vecino y publicado por los medios, y cuál es la situación actual y real en la ejecución de dichos contratos de distribución, y cuáles han sido las acciones iniciadas por los entes territoriales.

En una reciente entrevista a LA PATRIA, la gerente de la destilería sostuvo que Risaralda no puede hacer estas demandas, pues la ILC tiene un convenio con un distribuidor, por lo cual si evidencia dicho incumplimiento, es la Licorera la que debe demandar.

Coincidió con que se trata de un proceso legal, motivo por el cual están haciendo un estudio juicioso para determinar si efectivamente hay incumplimiento y proceder a sancionar.

LA PATRIA también llamó a los directivos de TM para conocer su versión, pero el gerente comercial de la entidad, Rubén Darío Cardona, sostuvo que no podía pronunciarse al respecto.

Por su parte, la Procuraduría advirtió que la situación puede ser similar con las licoreras o gobernaciones de los departamentos del Valle y Cundinamarca.

En cifras

* 24,3 millones, las metas de ventas que tiene la ILC para este año.