El campo necesita su propio sistema de protección social

ADRIANA OSORIO

LA PATRIA | MANIZALES

Diseñar mecanismos para que los trabajadores del campo accedan a la seguridad social es la meta en la que trabajan entidades como la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio del Trabajo, con el apoyo de otros gremios.

Ese es el reto que congregó ayer a estas entidades, al Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y a LA PATRIA, durante el foro Políticas de Protección Social para el Agro. El encuentro se realizó en el Recinto del Pensamiento Jaime Restrepo Mejía.

Dentro de la actividad se realizó un conversatorio, moderado por el director de LA PATRIA, Nicolás Restrepo Escobar.

El problema, según expresaron directivos, es que el sistema de seguridad social en Colombia está diseñado para los trabajadores de las ciudades, pero no es flexible frente a las situaciones particulares del campo, donde no se tienen jornadas, tiempos y labores fijas todo el año.

Por eso, trabajan en una propuesta para que la población del campo acceda a la protección social. A esto se suma la petición de los empleadores de que no les aumenten las cargas laborales, pues sus fincas no serían rentables.

Según el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, la iniciativa está plasmada en lo que sería un proyecto de ley que vincula mecanismos que ya existen, como los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), pues permiten el ahorro flexible para la vejez. Además, consolidan la idea de los microseguros, con el fin de que cumpla algunas funciones de los riesgos laborales, ante la dificultad, por altos costos, de acceder al sistema tradicional. Estas son algunas miradas:

Ligia Helena Borrero, directora jurídica de la Federación de Cafeteros

El gran reto es aprovechar este momento, en el que el campo está siendo el foco de atención de todo el país por el proceso con la paz. Hay que replantear las normas en protección social para que el sistema de verdad consulte la realidad del campo. Se quiere imponer normatividad y regulación de los mundos industrializados al campo, y no se puede. Ese es el reto, que se mire cómo acceder a la protección social, teniendo en cuenta los convenios y tratados internacionales.

Por ejemplo, un caficultor se considera independiente, pero el que tiene una hectárea y media solo produce al año $7 millones, menos de un salario mínimo mensual, entonces esta persona se considera informal porque no tiene los ingresos necesarios para el estándar construido. Debemos pensar en que con esos ingresos se genere un piso de protección social, que cada vez mejore su situación y su protección. El punto de partida es la rentabilidad, la actividad debe ser sostenibe y permitir paso a paso esa protección.

Diana Arenas, directora de Pensiones del Mintrabajo

Es cómo hacemos para que la legislación de seguridad sea accesible a las personas del sector rural y del informal. Hoy la legislación no está hecha para esas personas. Entre las propuestas está aprovechar los BEP, que permiten ahorro flexible, cuando uno quiera y el monto que uno quiera. Los empresarios pueden también aportar en la proporción que quieran.

Es muy difícil pensar que la protección a la vejez sea una pensión, precisamente esa es la carga impositiva más alta. Por esto buscamos mecanismos alternos.

En cuanto a riesgos laborales, hemos pensado en microseguros, porque acceder al sistema es muy caro, y debemos recordar que el sistema es integral, quien aporte a riesgos laborales debe aportar a pensión y salud.

En el país, el sistema de seguridad social solo tiene una cobertura del 35%.

Eugenio Vélez, miembro principal por Caldas ante el Comité Nacional de Cafeteros

El campo tiene una desprotección social no solo de los empleados sino de los empleadores, porque la informalidad no es producto de la neglicencia de los empleadores, sino porque la legislación actual es inaplicable. Propondremos mecanismos de protección para el campo que se adapten a la situación real, para que los recolectores y trabajadores tengan alguna protección y los empleadores tengan reglas jurídicas claras. Este incluiría salud subsidadada, ahorro para la vejez mediante los BEP y microseguros que cubrirían riesgos laborales.

Las personas fijas tienen que tener afiliación al mecanismo tradicional, pero para la población trashumante se necesita un mecanismo diferente. También es necesario tener reglas claras para que el riesgo se transfiera a esos seguros.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC

Parte de que el campo se convierta en una empresa pasa por la formalización laboral. Trabajamos en una iniciativa que busca la dignificación de la labor que realizan los trabajadores rurales y que se entienda la flexibilización en función de las diferentes actividades productivas de estas labores. No es lo mismo recoger café que ordeñar una vaca.

La propuesta incluye varios elementos, desde la misma definición del trabajo rural y los aportes a los BEP. Esto requerirá de la participación del Gobierno y del sector privado, y cualquier iniciativa tendrá que ir al Congreso.

Es importante prestar atención a esta situación porque cada día la mano de obra es más escasa. Le debemos apuntar a que los jóvenes del campo estudien, pero para que vean las actividades agrícolas como una empresa que sea rentable. Esto genera más empleo formal.

El sistema laboral no contempla las dinámicas propias de la estacionalidad de algunas cosechas, ni del sistema de producción, ni del sistema de contratación del campo, tampoco de las horas en las que se desarrollan las labores.

Desde los caficultores

Jaime Mejía, Manizales

Si esto no se organiza, nosotros desaparecemos como caficultores. No somos capaces de pagar toda la formalización de la seguridad social.

Olga Lucía Bustamante, San José (Caldas)

Empecé el proceso de formalización y no es fácil, no sé cómo hacen los cafeteros más pequeños. No es rentable. Si logramos normatividad para el campo sería ideal, confiemos en que este sea el comienzo.

Trinidad Grajales, Quimbaya (Quindío)

Me parece importante la formalización, pero en la medida en que el Estado pueda ayudar, porque de lo contrario, los caficultores no podemos, no hay manera, el precio del café es bajo y no alcanzaría para cumplir con todo.

88%, la informalidad en el campo, según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). El indicador en los centros urbanos llega al 70%.

3,5 millones de empleos genera el campo en el país. Esto representa el 16% de la población ocupada del país, según la SAC.