LA PATRIA | MANIZALES
Víctimas de la empresa manizaleña Integramos, intervenida por supuesta captación indebida, y de la que era socio el exalcalde de Manizales Luis Roberto Rivas, demandaron al Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado Mauricio Pava, representante de 25 de las 133 personas afectadas, señaló que desde febrero pasado se inició el trámite internacional, y que ahora están en conciliación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, en Washington (EE.UU.), citó al Estado colombiano a buscar una solución amistosa con las víctimas.
Explicó que recurrieron a esta instancia porque han pasado cinco años y no se han tomado las determinaciones penales, después de que las superintendencias Financiera y de Sociedades dictaminaron que Integramos era una captadora ilegal.
Por demoras
Pava precisó que por eso iniciaron el proceso por delito de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos en la Fiscalía 19 seccional del circuito de Manizales, aunque en noviembre del 2009 la Fiscalía General reasignó el caso y lo trasladó a Bogotá.
"El Sistema Interamerciano y el derecho convencional habilitan a que las víctimas acudan a ese escenario para que el Estado cumpla". Agregó: "se acude porque el problema de la justicia en el país supera las posibilidades de los jueces y los funcionarios, esto no se trata de un funcionario negligente, es un problema del sistema de justicia desbordado y colapsado".
El abogado dijo que sería paradójico que el Estado no acepte impartir justicia, ya que podría terminar pagando la presunta defraudación que en el 2009 alcanzó, según Pava, $20 mil millones, y que hoy alcanzaría $45 mil millones.
En un informe que El Espectador publicó el pasado martes, los defensores de la familia Rivas y de Integramos manifestaron que no pueden aceptar ningún delito en este proceso y que están a la espera de cualquier llamado de la justicia. "Si la Fiscalía no ha tomado decisiones al respecto, quizá se debe a que no ha encontrado méritos para hacer una imputación. Hemos sido respetuosos de los tiempos de la justicia y nuestra posición siempre ha sido la misma: no existen responsabilidades penales", afirmó el abogado Juan Manuel Ríos.
El caso
El caso contra Integramos y las compañías Frutales La Cosecha y Suinversión, de Cali, comenzó en enero del 2009, después de que la Superfinanciera encontró méritos para intervenirlas. Un mes después, la Supersociedades ordenó la toma de posesión de bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio de las tres compañías y de 16 personas naturales. Entre ellos figuran Pedro Ignacio Velasco Laverde, representante de Frutales, además de exalcalde Luis Roberto Rivas, y sus hermanos Luz María y Felipe Rivas Montoya.
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