¿Es justa el alza en el salario que el Gobierno decretó para los congresistas?

1. El problema no es que sea un alza justa o no, sino que es norma constitucional, y el Presidente no se puede sustraer de aplicarla. La Constitución no se aplica en la parte que a uno le guste sí, y en la que no le guste no.

2. Lo que debería hacer el Congreso es aplicar la ley en su integridad. Lo que el congresista realmente devenga como sueldo son solo $6,5 millones. Recibe $11 millones para gastos de representación, que deben ser invertidos en las actividades que tienen que ver con el ejercicio del cargo, como organizar reuniones, pagar transporte para los diferentes eventos de su función, expedir documentos que informen a la ciudadanía sobre su trabajo... y otros $8 millones, que son una prima especial que debe ser utilizada para la función política de los parlamentarios. Si eso se aplicara nadie estaría en desacuerdo, y también se evitaría que los congresistas anden pidiéndoles plata a los empleados, o haciendo rifas obligatorias entre los funcionarios, o que monten carteles de contratación para que les den un porcentaje. El propósito de la remuneración es que tenga salario, que pueda pagar sus actividades de congresista y que pueda seguir con sus actividades políticas normales y garantizar independencia a los que no tienen patrocinio económico. Lamentablemente, la mayoría de los congresistas cogen esa plata y se la embolsillan toda, en lugar de usarla para lo que está previsto.

3. La remuneración de $6,5 millones es normal, es lo que gana cualquier profesional en Bogotá cuando tiene un trabajo especializado. No solo debe cumplir con el horario establecido para las sesiones, que son unas 14 o 15 horas diarias durante los tres días, sino también rendir cuentas de los gastos. Eso es lo que debe hacer, como lo hace cualquier funcionario con gastos de representación: tienen que pasar al nominador una relación sobre cómo se gastó esa plata.