A veces tengo la sospecha que el Chapulín Colorado lo haría mejor. Esta referencia no se basa solo en el hecho de que ahora no tenemos Fiscal General de la Nación en propiedad.

En Colombia nos acostumbramos a vivir con una justicia lenta e ineficiente que no responde a las necesidades de los ciudadanos, ni del Estado. Sin embargo, lo que hoy padece el sistema judicial, es una enfermedad que ya se ha evidenciado en el poder ejecutivo y en la rama legislativa. Esta tiene como síntoma principal, interponer los intereses personales por encima de las instituciones, violentando así el Estado de Derecho y el bien común.

La Corte Constitucional decidió que un vicio de procedimiento no era mérito suficiente para declarar inconstitucional la reforma tributaria. Mientras tanto, para el Consejo de Estado, el hecho de que en la elección de la Fiscal General de la Nación padeciera un discutido vicio de forma era motivo necesario para declarar nulo su nombramiento. Sería importante, con el fin de tener una jurisprudencia unificada que, por lo menos, los altos tribunales tengan una opinión consensuada sobre los impactos de los vicios de forma respecto de la nulidad y/o validez de un acto jurídico. Es claro que el ejercicio del derecho implica interpretaciones, pero siento que en Colombia el espectro de estas se está volviendo muy pero muy amplio.

¿O no será que lo que nos molestaba de la saliente Fiscal era su vida privada? ¿no nos acostumbramos a las acusaciones que dicen que su marido no es, propiamente, una perita en dulce? Así las cosas, ¿por qué extraña razón no nos molesta que las creencias religiosas del Procurador General de la Nación afecten su accionar público? El mismo día que se decretaba la nulidad del nombramiento de la Fiscal General, el doctor Ordóñez anunciaba que interpondría una demanda contra una ciudadana porque no está de acuerdo con su forma de pensar, porque lo que ella defiende va en contra de sus costumbre religiosas. Todo esto sucede en un Estado, que consagra en su Constitución ser laico, pluriétnico y multicultural.

Otros dicen que lo que molestaba de la saliente Fiscal, es que se decidió a meter el dedo en la llaga, y eso, es bastante molesto.

Por otra parte, un Tribunal solicita a la Corte Penal Internacional que conozca de un caso sobre el cual no tiene jurisdicción. ¿La falta de jurisdicción es un vicio de forma o de fondo? No resulta extraño que ahora encontremos juristas que defiendan la posibilidad de ampliar la jurisdicción de la Corte al caso referido, aduciendo que eso sería, simplemente, un vicio de procedimiento.

Paralelamente, se descubre que Medicina Legal emitió un concepto forense que sirvió para calificar un acto de suicidio cuando en realidad se trató de un homicidio. ¿Será que se debió a un vicio de forma en la realización de la necropsia?

Estos son los casos conocidos por todos, los más llamativos, los que generan titulares, pero los juzgados y las fiscalías de este país deben estar llenos de historias anónimas muy parecidas a estas.
En este escenario, no resulta anormal, que personas como María del Pilar Hurtado y Luis Carlos Restrepo salgan huyendo del país argumentando que aquí no tienen garantías suficientes. Este es el tipo de consecuencias que genera un sistema de justicia no solo ciego, sino también sordo y mudo. Así mismo, es la cara visible de un argumento que podrá usar cualquier acusado. Y aunque su defensa no resulta irracional, sí es inmoral, porque todo ciudadano debe propender por el cumplimiento del Estado de Derecho. Y aunque este funcione mal, un primer paso para lograr su plena realización es el acatamiento de las normas y los fallos judiciales.

Para salir de este laberinto en el que se encuentra nuestro sistema judicial, necesitamos más coherencia que astucia, y más jueces, abogados, fiscales y agentes judiciales honestos que súper héroes.