Me perdonarán mis lectores si sueno trillada, pero siento que no puedo dejar de referirme al caso del procurador Ordóñez. Éste permite, de la manera más gráfica, ilustrar parte de las debilidades más profundas de nuestra democracia.

El señor Ordóñez vuelve a poner en evidencia una de las costumbres políticas más arraigadas en nuestro sistema, el abuso del poder. El cual consiste en creer que como funcionario público, el poder conferido por el pueblo es propio, adquirido por obra y gracia personal, y que por lo tanto, se puede aprovechar para sacar adelante una agenda propia.

El Procurador ha decidido utilizar su poder para promover su visión e interpretación personal de lo que está bien. Sin importarle que su perspectiva sea contraria a lo que consagra la norma que juró hacer respetar.

Vale la pena señalar que el Procurador está en todo su derecho, como ciudadano, de considerar que la Ley en Colombia no se acerca a su ideal y que ésta debe modificarse. Su falta de ética reside en que si su convicción era que la norma es abiertamente contraria a lo que él considera bueno o loable, no se debió prestar, y mucho menos jurar, para hacerla respetar. Por principio ético, no se puede ser guardián de un orden que se considera equivocado. Pretender modificar el ordenamiento legal desde un cargo judicial, no desde el ámbito político y deliberativo, constituye un acto de doble moral y de abuso del poder.

En el caso del Procurador esta práctica se observa de manera evidente porque él, convencido de que está actuando por un bien supremo, ni siquiera ha tratado de encubrir su comportamiento. Sin embargo, este es tan abusivo que la Corte Constitucional ha declarado que el señor Ordóñez les ha mentido a los ciudadanos, con los cuales tiene un compromiso por la defensa de sus derechos, y que debe rectificar su posición sobre los métodos anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo.

La decisión de la Corte Constitucional también permite inferir que el Procurador ha incurrido en una falta disciplinaria, ya que ha desconocido el principio de legalidad, según el cual, todo funcionario público tiene que actuar acorde con lo estipulado en la Ley.

Pero el abuso de su posición de poder no termina allí, a esta situación se suman las ya reiteradas denuncias sobre nombramientos de cuotas de los magistrados de las altas cortes y de congresistas con el fin de garantizarse su reelección.

Por su parte, la defensa del Procurador es casi una caricatura del procedimiento que utilizan los políticos tradicionales cuando son denunciados por abusar de su posición de poder: victimizarse. Con el "Soy la persona más discriminada de Colombia" el Procurador decidió tomar la posición de víctima de un grupo de personas contrarias a sus creencias religiosas, dejando todo del lado de la fe, excluyendo la razón, y por lo tanto, los argumentos legales y técnicos.

Este caso también ilustra la falta de coherencia filosófica de los partidos políticos. La cual ha hecho que el debate ideológico de nuestra democracia palidezca, permitiendo así que se convierta en un sistema personalista, dejándola expuesta a peligrosos caudillos y mesías. A todas luces resulta incomprensible que el Partido Liberal apoye la reelección del Procurador.

Adicionalmente, todo este episodio vuelve a dejar en evidencia la falta de compromiso del Congreso que continúa actuando a espaldas de sus electores. Haber declarado el apoyo a la reelección del Procurador sin siquiera conocer la terna, sin oír a los demás candidatos, sin haber debatido de manera pública, es una muestra más de que ellos legislan para sí mismos, que las sesiones deliberativas no son más que una formalidad, que todo está arreglado desde antes con motivos ocultos que después se traducen a palabras de utilidad pública.

Como Estado hay una lección que no podemos olvidar, son varias las naciones que han sucumbido, peligrosamente, en la defensa de un "bien supremo", superior al Estado de Derecho.