La justicia no es perfecta en ninguna parte del mundo. Ni las tribus más arcaicas y recónditas del globo que aún practican la Ley del Talión, ni las grandes potencias con sistemas jurídicos lijados por el trasegar de las centurias pueden decir que cuentan con una administración de justicia del todo impoluta ¿Por qué? Sencillo, porque estamos hablando de una ciencia que no es exacta, estamos tratando con personas y no con números, estamos ante la insuficiencia inherente de las palabras que componen las leyes vigentes que nos rigen, pues lejos se sitúan de poder abarcar en su plenitud la complejidad del comportamiento humano.
En ese orden de ideas, y partiendo desde la eterna evolución de un ordenamiento jurídico que sigue acoplándose consigo mismo como las placas tectónicas del planeta, es esperable que la justicia de un país cuente con todo tipo de galimatías: Puede ser confusa en la redacción de sus letras, lenta en el desarrollo de sus procesos, de difícil acceso para algunos, con lagunas en sus corrientes de pensamiento, inentendible en sus procedimientos para el ciudadano de a pie y cientos de miles de palos en las ruedas que deben superarse para tratar de acercarla lo máximo posible al ideal que tenemos de cómo debería ser y funcionar.
En cualquier caso, sin importar el número y gravedad de los males que padezca la justicia, hay uno fulminante del cual no puede darse el lujo de enfermar: El absurdo. Cuando un sistema punitivo ha caído en él, a tal punto que termina siendo per se descarado, ha fracasado estruendosamente en su razón de existir, ya que transgredió el umbral de lo que la gente considera extremadamente injusto, es decir cometió un pecado capital con la democracia.
En días recientes, por desgracia, Colombia ha sido testigo de muchos casos donde la lógica es vencida con flagrancia y de donde solo puede florecer la desconfianza hacia el ordenamiento jurídico: Uno, el agresor de Rosa Elvira Pérez confesó haber asesinado previamente a otra mujer y aun cuando tenía orden de captura seguía campante por las calles de Bogotá ¡Absurdo! Dos, un conductor borracho mata a tres motociclistas en la vía a La Calera y queda libre horas después ¡Absurdo! Tres, por el contrario un desplazado que se roba un cubo de caldo de gallina podría recibir una pena de 6 años ¡Absurdo! Cuatro, el Secretario de Tránsito (Sí, tránsito) de Turbaco es sorprendido manejando ebrio y es premiado con la ratificación en su cargo ¡Excesivamente absurdo!
Urge revisar lo que sucede con la justicia en Colombia porque hoy por hoy se encuentra reducida ad absurdum. Si el problema es de hombres, instituciones o leyes, hay que cambiarlas (pero en serio, no como ustedes lo intentaron la última vez, señores congresistas), ya que el país no puede permitir que sus habitantes pierdan la fe en el engranaje sancionador. Aquellas sociedades donde nadie cree en la capacidad del Estado para castigar a los perturbadores de su equilibrio intrínseco, se traza una fatídica senda: La anarquía.
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