El pasado 4 de febrero, en el marco de los "Diálogos de Gestión" a través de los cuales le está pasando revista a la gestión de los ministerios, el presidente Santos advirtió que al final de su período la cobertura en educación superior debe alcanzar una tasa de 50 por ciento, 13 puntos por encima de la tasa de 2010. Excelente noticia por cuanto sin duda representa (potencialmente) el acceso a educación superior para el país, en términos de innovación, desarrollo tecnológico y abordaje de los problemas sociales; pero también por lo que puede representar para los jóvenes y sus familias en términos de movilidad social y mejoramiento de ingresos y condiciones generales de vida.

Considerando la brecha de inequidad y la profundidad del abismo que distancia a los grupos sociales en nuestro país, no puede menos que celebrarse cualquier esfuerzo de la institucionalidad del Estado por favorecer el acceso a la educación superior. Sin embargo, no debe dejar de advertirse que no basta con abrir más cupos, que sería como saltar el abismo, si no se reflexiona sobre aspectos como la calidad de la formación ofrecida, la pertinencia de los programas de formación y de la investigación, el encadenamiento con el sector productivo y la incidencia en el desarrollo territorial, que es lo que ayuda a tender puentes para la movilidad social.

Un estudio realizado en la Universidad de Caldas, titulado "Análisis de políticas compensatorias para la equidad en el acceso a la educación superior" (Rivera y Granobles) advierte que "la inequidad educativa que padecen los pobres no puede ser atendida solamente con políticas de cobertura; la equidad educativa se logra cuando se ofrece una educación de calidad para conseguir un conocimiento socialmente significativo que permita la integración social de los egresados".

Pero incluso antes que la integración social de los egresados, la competencia por cupos en las universidades tampoco es equitativa, porque aún cuando el sistema público de educación superior abra más cupos, la posibilidad de conseguirlos debe estar mediada por algún sistema de selección, sea un examen de admisión o una ponderación de los puntajes de las pruebas Saber 11, y en ambos casos, el desempeño de los estudiantes está estrechamente relacionado con su condición socio-económica y la calidad de las instituciones donde se formaron en los niveles básico y medio. Como señalan Rivera y Granobles, "se olvida que la igualdad formal que asegura el concurso está transformando en mérito, el privilegio que han tenido algunos". De ahí que en las universidades públicas, muchos cupos los consigan quienes tuvieron posibilidad de pagar una educación previa de calidad, mientras en las universidades privadas, muchos estudiantes pobres están endeudándose para poder acceder al nivel superior de formación.

En esa misma vía, justo un par de días antes de la revisión del presidente al Ministerio de Educación, circuló en los medios de comunicación el resultado de un estudio contratado por la Fundación Compartir, en el cual se señala que una inversión en formación de maestros (para mejorar calidad) equivalente a 10% del presupuesto de defensa, ayudaría al país a subir 30 puestos en las pruebas PISA y lograría un incremento de 6 a 12% del PIB en los próximos 25 años. Es decir, se requiere el incremento en la cobertura, pero esta no garantiza el efecto social si no se mejora en la calidad del servicio educativo ofrecido.

Estas situaciones no son desconocidas por el Gobierno Nacional, y tampoco puede decirse que no hay esfuerzos en los diversos sectores, incluso en las propias universidades (públicas y privadas) por ayudar a tender los puentes. Pero a la hora de evaluar su gestión y ayudar en su propia campaña, es lógico que el gobierno se concentre en resaltar sus logros de manera cuantitativa, lo cual no puede significar que los ciudadanos resignemos nuestras demandas de progreso en lo cualitativo.