A propósito de las movilizaciones, paros y bloqueos de las últimas tres semanas en Colombia, ha resurgido una interesante (ojalá no efímera) solidaridad con el campesinado colombiano, y por esa vía hemos recordado lo relevante que resulta para un país la estabilidad de la porción del territorio nacional que hace posible la vida de la mayoría, quienes habitamos la porción urbana de ese territorio. En algún sentido esa solidaridad es expresión de la manera clásica de entender el papel de la agricultura en el desarrollo económico, en virtud de la cual se le asignaban funciones estrictamente utilitarias: suministro de alimentos y mano de obra barata, aporte de materias primas para la industria y generación de divisas a través de las exportaciones de productos primarios.

En un foro sobre Desarrollo Local organizado por la Universidad Autónoma de Manizales, Findeter y la Gobernación de Caldas, en mayo pasado, Absalón Machado planteó que esas funciones "clásicas" de la agricultura deben ser revisadas, en la medida que las condiciones de nuestro sector rural, y de la agricultura misma han cambiado: El suministro de alimentos se comparte hoy con el mercado internacional a diferencia de las economías cerradas que teníamos (hoy importamos 10 millones de toneladas y la producción nacional es de unas 30). La mano de obra rural no compite hoy con la urbana, más calificada, barata y situada en su contexto. Las grandes industrias tienden a contratar la producción afuera (en China, por ejemplo) donde la mano de obra y las materias primas son más baratas en orden a la baja competitividad y los atrasos tecnológicos de nuestros productores. Adicionalmente, las divisas de origen agropecuario son cada vez menos representativas y tienden a ser sustituidas por las derivadas de los minerales y algunos productos industriales que compiten internacionalmente.

Pero, así mismo, el contexto rural de hoy no es sinónimo de espacio exclusivo de producción agropecuaria. Además de un espacio anhelado para la expansión de las urbanizaciones de estrato alto, los espacios rurales son un ámbito esencial para la conservación del medio ambiente, la generación de ingresos no agrícolas (turismo por ejemplo), el suministro de bienes y servicios ambientales, o como dicen los indígenas, elementos esenciales para la vida.

Es probable que, en reacción a la caída en los últimos sondeos de favorabilidad, el Gobierno Nacional reaccione desgravando algunos productos, congelando algunos precios, repartiendo algunos subsidios. Pero nada de eso significará una solución estructural. Habría que empezar por reconocer que la realidad del entorno rural de hoy no es solo agropecuaria, y que más allá de eso debe apuntar al desarrollo territorial. La normatividad y el discurso parecen favorables al desarrollo con enfoque territorial, pero las políticas y la práctica se mantienen en la concentración de poderes y en la centralización de las decisiones. A decir de Machado, "Lo rural hoy no es la visión idílica del campo; es una realidad transformada y globalizada, de múltiples relaciones y actividades, pero muy vulnerable".

La indignación que colma las redes sociales frente a un TLC con un año de vigencia no corresponde con la dimensión real del problema. Muchas condiciones que hoy nos hacen reflexionar están en vigencia desde antes de mayo de 2012, y algunas otras medidas asociadas al TLC con Estados Unidos aún no se aplican. No pretendo desconocer los enormes riesgos de una apertura comercial sin preparación, pero como en otros temas, la superficialidad de la indignación significa muy poco aporte a la transformación social y política que nuestra nación demanda.

Muchos de nuestros campesinos no fueron empobrecidos por los productos importados, sino por las mafias locales del comercio de los alimentos. Otros tantos dejaron de producir comida porque los que hoy nos indignamos desde los computadores preferimos comer frutas en conserva. Algunos más, que algún nivel de tecnificación tienen, se han rendido ante las dimensiones del contrabando de arroz, maíz y otros productos que entran por toneladas desde Ecuador y llegan casi hasta Barranquilla.

Para que la movilización social de las últimas semanas sirva como insumo para la transformación social de nuestros territorios, necesitamos poner énfasis en las dimensiones de lo territorial y rescatar la identidad cultural y los saberes de nuestros pobladores rurales. Los encuentros de pobladores que promueven organizaciones como el PDP del Magdalena Centro en Colombia o REDAR en Perú ofrecen importantes claves, pero no gozan de la cobertura mediática que se le da a las medidas de hecho. Más que indignarnos, solidarizarnos debe ser visibilizarlos.