La Dirección Territorial de Salud de Caldas es una entidad del orden departamental que tiene importantísimas funciones dentro del engranaje y manejo de la salud en el Departamento de Caldas. El gobernador de este maltratado Departamento es el que nombra directamente al director de esa dependencia. Evidentemente, quien dirija esa entidad tiene que cumplir con un perfil que vaya más allá de lo meramente político, pues aunque algunos crean que se utiliza para politiquear, no es esa su función.

Dentro de esa dependencia hay, ejerciendo labores importantes, un grupo de profesionales, que verifican el cumplimiento de los estándares exigidos por la ley, para el funcionamiento de cualquier entidad, pública o privada, que preste servicios de salud en el Departamento. Cabe anotar que hay personas allí que son muy honestas, respetuosas y decentes.

Esos verificadores, personas de distintas profesiones, hacen visitas de verificación y consignan los hallazgos encontrados, con los que toman determinaciones cuando encuentran irregularidades que ponen en riesgo la vida de los pacientes, cuando la calidad de los servicios pone en grave peligro la salud de un conglomerado, o cuando no se cumplen las normas establecidas en la ley.

Quien ejerza esa potestad debe tener la calidad de Verificador, que se adquiere al realizar un curso universitario, con duración de tres meses, al final de los cuales se recibe el título que certifica que la persona que lo realizó cumple con los requisitos establecidos en la ley para hacer ese papel.

Todo eso está muy bien. No hay nada mejor que la legalidad. El problema es que lo que debía estar muy bien, lo hicieron muy mal, porque violaron la ley y participaron en las visitas de verificación personas que no tenían el título de verificadoras, lo que está expresamente prohibido. Amanerados en funciones de comisiones acompañantes, que no existen en la legalidad, se acamparon profesionales que no cumplían con el requisito de ser verificadores, como lo exige la norma.

Hoy han realizado el curso de verificadores una cantidad de personas que no lo eran cuando realizaron las visitas a 160 centros de salud, de los que cerraron 72. En las visitas realizadas durante el tiempo en que fue Director de la Territorial de Salud de Caldas Jorge Hernán Yepes, participaron ilegalmente, Luz Stella Quintero Naranjo, una odontóloga con formación en gerencia en salud, quien era gerente de la unidad de cuidados intensivos UCI, que tenía sede en el Hospital San Marcos del municipio de Chinchiná. Estamos frente a una falsedad ideológica en documento público, porque consignaron allí algo que no era cierto. Si verificó y ella no llenaba los requisitos, cometió la falsedad, cuando el funcionario público que firmó el contrato hizo constar que sí los llenaba. Ahora, si él no confirmó el cumplimiento de los requisitos para ser verificador y colocó en el documento que sí lo probó, está también cometiendo una falsedad, según el artículo 286 del código penal, Falsedad ideológica en documento publico: "El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 4 a 8 años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años". ¿Acaso no será un delito la celebración de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en los términos del artículo 410 del CP?

La persona contratada está firmando un contrato en el que bajo la gravedad del juramento, dice que llena los requisitos legales, cuando sabe que no los llena, porque no tenía el título de verificadora, incurriendo también en el delito de falsedad, porque afecta la fe pública.

La mencionada Luz Stella Quintero Naranjo ya realizó el curso, en la Universidad Libre de Pereira. Ahora llena los requisitos de ley, lo que no solo no borra la ilegalidad cometida, ni legitima su presencia como verificadora, puesto que ingresó sin el lleno de los requisitos legales, atentando contra el bien jurídico de la fe pública, situación que debió ser denunciada penalmente y que debió dar lugar a la terminación inmediata de su contrato.

Ahora resulta que haciendo caso omiso de esa situación continúa ejerciendo su cargo, se le prorrogaron sus contratos, como si no hubiera pasado nada, y haciendo que lo ilegal se pueda tapar bajo el ropaje inmoral del nuevo contrato, afectando los principios de transparencia y de legalidad. Estamos aquí ante la falsedad, la defraudación a las expectativas consagradas en el manual de funciones del cargo de verificador, la violación del principio de la buena fe, con la situación en la que no solo no son sancionados, sino que además se premian con la renovación del contrato. Una verdadera calamidad para la administración en el Departamento.

Ya hablaremos de un murciélago en la Territorial, el farmaceuta Jiménez, el James Bond de la Institución, un funcionario hipócrita que cree tener licencia para todo, menos para matar…