La decisión de la Corte Constitucional de poner límite a las pensiones con recursos públicos y solicitar una revisión de aquellas que posiblemente fueron conseguidas de forma fraudulenta, es un paso en la dirección correcta para construir un país más equitativo. Sin embargo, en materia pensional falta más, muchos más.

Seamos claros, ningún funcionario público, de quienes hoy disfrutan pensiones superiores a $10 millones mensuales, ahorró lo suficiente para estar disfrutando dicho privilegio. Muchos lo hicieron al amparo de las normas y de buena fe, pero a lo largo de su vida laboral no hicieron un ahorro suficiente para obtener como pensión esos valores. Por ello, estas personas, todas sin excepción, están recibiendo un subsidio.

Por ello, creo que una medida complementaria será el declarar los ingresos de una pensión como elementos constitutivos de la renta, y por lo tanto, objeto de la retención en la fuente respectiva. La medida es claramente equitativa, pues cualquier pensión hasta $3 millones será exenta, pero desde allí y hasta los $15 millones deberá pagar la tarifa respectiva.

Una segunda línea de acción es sincerar los aportes de quienes devengan altos salarios, particularmente en el sector privado. Bien es sabido que los gerentes de muchas empresas reciben salarios superiores a los $30 millones, pero, acogiéndose a figuras legales, cotizan para su pensión y al fondo de solidaridad por montos inferiores.

Estas dos medidas, junto a la decisión de la Corte, tendrán efectos en disminución de inequidades, pero no habrán resuelto otros dos problemas centrales de nuestros sistema pensional: la baja cobertura y la sostenibilidad financiera.

Para ello es esencial redoblar los esfuerzos por formalizar las relaciones laborales y así lograr que un mayor volumen de trabajadores coticen, y por lo tanto, formen el ahorro de su propia pensión. Sigo sin entender por qué el gobierno no incluyó los aportes parafiscales destinados a las cajas de compensación en la pasada reforma tributaria. Es hora de que el país discuta la necesidad de mantener los 4 puntos de la nómina dedicada a estas organizaciones. Disminuir dos puntos podría contribuir a bajar los costos laborales y promover la formalización de los empleos; dedicar un punto a fortalecer el fondo de solidaridad y dejar el restante para las actividades de las cajas puede ser una fórmula intermedia que contribuya a la equidad, fortalezca la situación financiera del sistema pensional y preserve las bondades de las cajas de compensación.

Finalmente, bajo el principio de que las regalías mineras son de todos los colombianos, destinar una parte de las mismas al fondo de solidaridad es una medida que contribuirá tanto a la equidad como a la sostenibilidad financiera.

* Presidente de Cifras y Conceptos y exdirector del DANE.