El país comenzó la semana con dos anuncios de las Farc: que liberarán a diez miembros de la fuerza pública que llevan entre catorce y diez años secuestrados y que no volverán a secuestrar. Dos noticias muy positivas. La primera es solo cuestión de tiempo para que se concrete. Ha dicho Piedad Córdoba que en un mes más quedarán libres estas diez personas, para quienes terminará un infierno, pero comenzará una etapa muy dura en su vida, en la cual tendrán que reconstruir todo el tejido de su vida: familia, afectos, su rol en la sociedad, volver a vivir en ciudades, interactuar con mucha gente, y muchos más retos. El apoyo que el Estado y la sociedad den a quienes regresan no puede quedarse en fanfarria y brindis el día de su llegada, porque ahí es cuando comienza una dura etapa cuesta arriba. Son muchos los testimonios del abandono posterior que viven los exsecuestrados. La compañía que requieren y merecen es por muchos años, no solo unos meses. En eso gobierno y sociedad han fallado. Abundan los testimonios que confirman esta falla, especialmente de soldados y policías que regresan luego de largos años de ignominia por parte de la guerrilla. Ojalá estos diez uniformados tengan el apoyo que necesitan.

El segundo anuncio, sobre la proscripción del secuestro extorsivo de la práctica de las Farc, es recibido por la opinión con escepticismo, pues esta guerrilla no se ha destacado propiamente por honrar su palabra. Ya en 1982, durante el proceso de paz de Belisario Betancur, en los Acuerdos de la Uribe, habían indicado que condenaban y desautorizaban el secuestro, la extorsión y el terrorismo. Sin embargo, la historia de los últimos veinte años, tiempo trascurrido desde esa declaración, ha mostrado de sobra que han incurrido en las tres conductas que ellos mismos ‘condenaban’. Otro ejemplo de su incumplimiento de la palabra dada fue el manejo que le dieron a la zona desmilitarizada del Caguán hace una década.

A pesar de lo anterior, creería que en esta oportunidad hay motivos para pensar que este anuncio hecho por su máximo líder, Timochenko, tiene posibilidades de concretarse en algo real. La decisión que anuncian las Farc venía siendo discutida desde el inicio de la comandancia de Alfonso Cano. Como es bien sabido, esta organización se toma mucho tiempo para tomar ciertas medidas, aquello que se ha denominado “el tiempo fariano”. Entonces, se podría pensar que no obedece a una reacción del momento, sino a algo más pensado y debatido.

Esta noticia tiene un fundamento sencillo: el secuestro representa hoy en día un porcentaje muy pequeño de los ingresos de las Farc, implica una cadena de operaciones dispendiosa y la utilización de un buen número de guerrilleros que podrían estar dedicados a otras labores más “rentables” o la combate. Hoy, y desde hace unos años, el narcotráfico y la extorsión son las principales fuentes de sus ingresos. Por otro lado, el costo en imagen ha sido enorme, pues su práctica denota mucha crueldad e insensibilidad con la condición humana. No es compatible su mensaje de querer una sociedad mejor con algo tan inhumano y perverso. Es esta ecuación la que permite hoy pensar que es posible que cumplan, a pesar su larga tradición de incumplimientos, verdades acomodadas, y mentiras.

¿Acerca esto a un proceso de paz o por lo menos unos diálogos directos? Falta mucho para algo así, pero definitivamente esta medida sí da un paso en esa dirección. Tendrá que venir acompañada de otra: la exclusión total de la población civil de la confrontación. Pero como lo evidencia el Cauca, es posible que en este sentido no se hayan hecho la más mínima reflexión.

Si se llegara a transitar ese camino del diálogo, habrá que abordar inexorablemente lo que ha sido el secuestro, la desaparición y la muerte de las personas privadas de la libertad por esta guerrilla en décadas. Son centenares los testimonios de personas que fueron secuestradas hace más de diez años que no han regresado y que no se sabe nada de ellas. Responder por estos casos es una deuda que las Farc tendrán que atender. Los esposos Héctor y Carmenza Angulo, de casi setenta años, fueron secuestrados en el 2000 en el municipio de La Calera. Lo más probable es que estén muertos, habrían sido fusilados por órdenes de Romaña al no poder aguantar las largas marchas.