La actual presidenta de Chile, Michel Bachelet, en entrevista concedida hace algún tiempo sobre el significado de la participación de las mujeres en el ámbito de la democracia representativa decía lo siguiente: más mujeres en la política, cambian la política. Hoy, cuando analizamos los resultados para las mujeres en la reciente contienda electoral me pregunto ¿esta afirmación de la presidenta Bachelet, tendrá validez para Colombia?

Si bien en las recientes elecciones se duplica la participación de las mujeres en el Congreso de la República, al comparar cifras entre los años 2006 al 2014, en Senado se pasa de una participación del 11,7% al 22,5% y en Cámara de Representantes de 8,4% a 17,4%, el balance resulta agridulce. Y lo es porque lejos de significar una renovación de la política, muchas de las mujeres elegidas para el período 2014-2018, lo fueron por haber heredado caudales electorales de padres, esposos, hermanos condenados por corrupción, vínculos con el paramilitarismo, o sencillamente por pertenecer a clanes familiares dueños de la votación en pueblos miserables que cada cuatro años ven aparecer a sus "caciques" con una teja, unos ladrillos o un fajo de billetes, para comprar sus conciencias, llenándolos de promesas incumplidas.

La propuesta de la conocida "ley de cuotas" que busca promover la participación de mujeres en los distintos procesos electorales y que en América Latina ha sido acogida en 13 países, siendo Argentina el país pionero, ha mostrado resultados importantes, pues no solo ha impulsado una mayor participación de éstas, sino porque se han logrado incorporar perspectivas que por el lugar social y cultural que tiene la mujer, enriquecen la pluralidad democrática y logran llevar a la agenda pública problemas como la violencia sexual y familiar, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, el aporte del trabajo doméstico a la economía de un país, hacer visibles los impactos devastadores de la guerra y sus prácticas de resistencia para cuidar la vida, o lograr visibilidad a las formas cooperativas de inclusión de grupos como la niñez, los viejos, los indígenas, las comunidades afro, en medio de la mayor precariedad, entre otros.

Pero también se ha encontrado que no es suficiente tener un cuerpo de mujer para representar estos intereses diversos y tan urgentes en un país como el nuestro. La mujer no nace, se hace, decía Simone de Beauvoir. Y ese es el gran interrogante que existe sobre muchas de las mujeres que llegan a este Congreso o que en algunos casos repiten curul. Vale la pena recordar que muchas de ellas obtuvieron altas votaciones con campañas abiertamente discriminatorias contra los derechos a la igualdad de los movimientos LGBT, o con una crítica demoledora al actual proceso de paz, o la defensa a ultranza a las actuaciones del procurador Ordóñez, o con ataques contundentes a la gestión pública de derechos como la educación y la salud. Es decir, muchas de ellas representan los intereses de una ciudadanía formal que parece no haber sido tocada por la Constitución del 91 donde se reconoce la dignidad humana como una condición que busca cerrar brechas en uno de los países más desiguales del mundo, y derribar obstáculos culturales, sociales y económicos para reconocer al otro u otra en su diferencia.

Se ha dicho que el nuevo Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio será histórico, porque no solo desarrollará la normatividad legislativa para el fin de la guerra con las Farc y ojalá con el Eln, sino que desarrollará las bases para las grandes reformas legislativas para el desarrollo rural integral, la participación política y las reformas a la salud y la educación que quedaron pendientes en este gobierno. Será el congreso que legisle entonces para el fin de la guerra y el paso a la Colombia del posconflicto. De nuevo me pregunto ¿lograremos las mujeres que llegamos al Congreso de la República, más allá de los partidos o movimientos políticos a los cuales pertenecemos, reconocer esa enorme responsabilidad histórica que tenemos para legislar para la paz? Debería ser nuestro compromiso, porque cerca del 75% de las víctimas de este conflicto degradado y cruel son mujeres.