Es poco lo que he podido entender del Marco Legal para la Paz que se aprobó el pasado jueves en el Senado de la República. Sé que son una serie de leyes que utilizaría el Gobierno en caso de que se adelante un proceso de paz con un grupo armado ilegal, pero después de leer y releer dicha normatividad, no le encuentro el objetivo: es tan vaga que cabe todo y no entra nada.
La guerrilla, por ejemplo, lleva décadas luchando por una "ideología política"; al menos esa ha sido su excusa para matar, secuestrar, desplazar... los crímenes más atroces y violación a los Derechos Humanos. El Marco, sin embargo, incluyó a última hora que bajo ningún motivo se les puede otorgar vocería política a responsables de delitos de lesa humanidad. O sea, si la guerrilla y el Estado se sientan a hablar tendrá que ser del clima.
El senador de la U, Juan Lozano, fue quien propuso incluir este ítem en las leyes, pero también dejó la constancia para que en una de las leyes estatutarias se aclare que el narcotráfico "no es un delito conexo al político". O sea, con el narcotráfico -el negocio que corrompió a las guerrillas, a la política y a la sociedad- sí se negocia. Entonces a los guerrilleros les tocará admitir que son ‘escobaristas lehderistas’ y no ‘marxistas leninistas’.
También, y por interés del presidente Santos, el Marco permitiría la excarcelación de personas que hayan cometido delitos atroces y crímenes de guerra. Sin embargo, este también le daría la facultad al Fiscal General para que fije criterios de selectividad y priorización para investigar penalmente a "los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática". ¿Acaso no es esto contradictorio?
Vuelvo y digo: leo y releo el Marco Legal para la Paz y no le encuentro sentido. La Constitución y las normas internacionales que velan por los derechos de las personas ya tienen suficientes leyes para garantizar la paz de una nación. Pero no se aplican, no se cumplen. Por eso tienen que inventarse otras cosas que parecen no tener pies ni cabeza. Y en medio de todo esto quedamos el resto de colombianos, sometidos a unas leyes que velan más por los derechos de los victimarios que por el de las víctimas.
La llave de la paz está en legislar a favor de las víctimas, de los ciudadanos, de la comunidad. En velar por sus intereses y oportunidades. No en proteger a los victimarios, favorecer a los poderosos o legislar a favor de ellos, como la enmienda constitucional de la reforma a la Justicia.
Como está planteado en este Marco Legal para la Paz al Gobierno no le interesa negociar con la guerrilla, quiere negociar es con el negocio: con el del narcotráfico, con el de la explotación ilegal minera, con el del tráfico de armas y la trata de personas. Porque ahí está la plata.
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Esta semana fue el día Internacional Contra el Trabajo Infantil, y el ICBF y demás organizaciones que velan por los derechos de los niños proponen sistemas y leyes (leyes y más leyes) para controlar la explotación laboral de los menores de edad. Para que la gente denuncie esta clase de abusos.
No sé. Como está la situación pensional del país, le propongo a la senadora Gilma Jiménez que legisle a favor del trabajo infantil. Que coticen, a ver si tienen una pensión digna cuando lleguen a los 65 años.
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