Avanza en el Congreso de la República el estudio del proyecto de acto legislativo conocido como Marco jurídico para la Paz. Paradójica situación en la que, mientras el gobierno busca herramientas para proponer escenarios de paz y reconciliación, los violentos pretenden oponerse a cualquier posibilidad de lograr tan anhelado propósito.

Nada más condenable y execrable que los hechos ocurridos el pasado miércoles, donde se atentó contra la integridad del exministro de Estado, Fernando Londoño, y se cegó la vida de varios compatriotas ajenos a una guerra demencial. Y qué decir de los ataques sistemáticos a las bases militares, y los asesinatos de miembros de la fuerza pública, que hemos venido registrando en los últimos días.

Ante esta situación, es evidente que el gobierno debe avanzar con determinación en su lucha frontal contra los terroristas, defender con firmeza la soberanía en todo el territorio nacional y desconfiar de los comunicados retóricos, ausentes de hechos reales de Paz. Es de resaltar, que el trámite de la iniciativa constitucional, en modo alguno supone claudicar en la defensa de estos fines.

La referida reforma busca elevar a rango constitucional la justicia transicional, entendida esta como la herramienta para enfrentar las violaciones ocurridas en el conflicto armado, así como facilitar su terminación efectiva. Todo ello, en busca de fortalecer el Estado Social de Derecho.

Es evidente que el aparato judicial es insuficiente para investigar todos los destinatarios de una futura desmovilización, tal y como ha venido ocurriendo con los paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley de justicia y paz. En tal sentido, se busca proponer criterios de selección y de priorizacion para el juzgamiento de los máximos responsables de delitos, así como mecanismos extrajudiciales para garantizar los deberes de investigación y sanción.

No debemos olvidar el necesario equilibrio entre justicia y paz, garantizando que los beneficios otorgados a desmovilizados estén condicionados a la satisfacción de las víctimas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. No obstante, existen riesgos de tamaño mayor como la impunidad, la repetición de los hechos violentos y el no esclarecimiento de la verdad, que pueden terminar frustrando un noble propósito.

Es necesario aprender del pasado y entender que los instrumentos de justicia transicional aplicados hasta la fecha no han dado total respuesta a las realidades del conflicto colombiano. Urgen reglas claras para la reintegración efectiva, que disuadan la conformación futura de nuevas estructuras delincuenciales como las Bacrim.

Ante este escenario contradictorio, es evidente que la llave de la paz -tal y como lo ha expresado el presidente Santos- debe permanecer guardada. Entender la transitoriedad de esta propuesta y no ceder en la búsqueda de la Paz. Derrota militar o acuerdo negociado, dos extremos donde es imperativo escuchar a los compatriotas.

¡Que los colombianos opinen!