El actual modelo de salud no solo es inoperante, sino que está viciado por la corrupción y la ineficiencia. Un sector que anualmente mueve más de 38 billones de pesos, lamentablemente presenta un panorama gris por las frecuentes irregularidades que ocurren desde el nivel central hasta el más humilde hospital en un departamento como el Vichada.

Se ha comprobado que funcionarios del ministerio de Protección Social, del Fosyga y de la Superintendencia de Salud, la entidad encargada de la vigilancia y el control de los dineros de la salud, han creado empresas fantasmas para defraudar el sistema. Por la creciente descomposición administrativa en los últimos años más de 56 instituciones de salud han sido intervenidas, de las cuales el 63% para ser administradas desde la Supersalud y el 35% para ser liquidadas por la misma institución. Lo controvertido del asunto es que en la mayoría de los casos las intervenciones han terminado en completos fracasos, porque en lugar de frenar los desangres los han multiplicado.

Los escándalos y las denuncias sobre irregularidades de los carteles de la salud no cesan, entre el 2011 y lo que va corrido de este año más de 30 hospitales, secretarías de salud, IPS y EPS han sido intervenidas por anomalías administrativas y fallas en las prestaciones de servicios. La Fiscalía adelanta más de 175 investigaciones por delitos de corrupción administrativa en el sector de la salud y de acuerdo con sus pesquisas en los últimos se han girado a las EPS por sobrefacturaciones, pagos de servicios médicos y de suministros de drogas ficticios cerca de $4,9 billones.

La Procuraduría también lleva a cabo 35 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios de varias EPS, 128 contra gobernadores y alcaldes y 15 más contra empleados de hospitales estatales, y la Contraloría ha encontrado que el detrimento patrimonial por recobros y sobrecostos en el sector asciende a la media bobadita de 141 mil millones.

Para más señales de la maraña de las anomalías, hace poco, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el desfalco en el sector de la salud superaba los $30 mil millones y que era solo la punta de iceberg de una defraudación no de miles de millones sino de billones de pesos.

Uno de los departamentos más golpeados por el flagelo de las defraudaciones en la salud es el Chocó, en donde el narcotráfico se tomó la red hospitalaria y por los escándalos que generaron sus fechorías con los dineros de la salud hace cinco años la Superintendencia de Salud intervino el Servicio Seccional de Salud. Sin embargo, la intervención en lugar de mejorar el sector lo ha empeorado, debido a que su deuda pasó de $20 mil millones a $ 131 mil millones.

Cinco años después el balance es desolador, porque se pasó de las garras del narcotráfico a las de una serie de carteles de contrataciones y de suministros de medicamentos del cual hacen parte empleados de la Supersalud y de Caprecom, farmaceutas, médicos y abogados que han montado toda una estructura corrupta desde Bogotá, Medellín y Manizales para desfalcar la salud chocoana.

Caprecom se ha convertido en un foco de corrupción y desgreño administrativo y por eso existen varias solicitudes en la Fiscalía y la Contraloría para que se investiguen sus operaciones en la red hospitalaria, en cuanto a lo que tiene que ver con costos, gastos ficticios e inflados y los paseos de la muerte en la administración de los dineros de la salud en el Chocó. El Gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo Urrutia ha dicho que "la intervención ha sido un fracaso, porque la entidad es insostenible e inoperable" y ha señalado que "por la forma como los funcionarios de Caprecom prestan los servicios de salud deben irse del Chocó". Amanecerá y veremos.