Hace algunos años, cuando el secuestro en Colombia invadía todas las esferas sociales, políticas y económicas, se decretó la congelación de bienes de los secuestrados y sus familiares cercanos, con el loable objetivo de impedir que se pudiera negociar con la vida de los seres humanos y que los secuestradores se vieran beneficiados económica y clandestinamente por sus delitos.

Este fue un factor fundamental, durante un tiempo, para que el secuestro se viera disminuido y ese negocio criminal dejara de ser tan atractivo. Y sirvió de base para concienciar a los colombianos de la necesidad de reaccionar ante el comercio con la vida y rechazar este tipo de violencia atroz que atemoriza y encierra a toda la sociedad.

Y traemos esto a la memoria porque hoy, cuando se habla de volver a unas "negociaciones" con los criminales de las Farc, debemos pensar si es viable, lógico o consecuente entrar a dialogar cuando existen de por medio colombianos atrapados por estos narcoterroristas. Dialogar mientras existan personas secuestradas es estar sometidos a unos condicionamientos donde prima la extorsión; es dialogar con cadenas puestas, con grilletes y con la soga al cuello; es una forma de extender el secuestro de unas personas a todos los colombianos; es ceder a los actos extorsivos y criminales y, de alguna manera, legitimar los años de tortura a que han sido sometidos ciudadanos de bien.

Sentarse a dialogar con unos criminales que tienen un botín ilícito para ofrecer, es entrar maniatados y reconocer entonces que la vida puede ser un instrumento de negociación y canje. Es degradar al máximo la existencia de seres inocentes cuyos destinos los ha llevado a permanecer en campos de concentración, pagando un gran precio como si fuera un pecado ser ciudadanos de bien. Es entrar a una conversación donde se reconoce, de entrada, que el mango de la sartén la tienen los enemigos de la patria.

Habría que preguntarse más bien, por qué están buscando estos criminales una nueva mesa de negociación. No es propiamente para exponer su dominio, ni sus fortalezas; ni tampoco para hacer demostración o alarde de buena voluntad con un país que han atormentado y asolado durante decenios. ¡No! Es porque se van viendo diezmados, amilanados, vencidos y necesitan tiempo y territorio para fortalecerse, rearmarse y reorientar su lucha ilegal. Es porque se ven acorralados y saben que el Gobierno Santos heredó del de Uribe unas estrategias perfeccionadas para acabarlos militarmente. ¿Estarían interesados hoy en alguna negociación si se sintieran tan fuertes? Su propósito ha sido tomarse el poder por medio de las armas, y nunca les han interesado los mecanismos democráticos para luchar por unos supuestos ideales dentro de los órganos del poder a los cuales han podido tener acceso.
Por eso, la tregua que propone la vocera Teodora hay que leerla con demasiada sospecha. Porque la tregua, en el caso de estos desalmados, significa que el Estado archive los mecanismos con los cuales se encuentra legítimamente dotado para garantizar vida, honra y bienes de los ciudadanos, mientras los enemigos de la patria se rearman, se reubican y trazan nuevas estrategias de agresión y muerte.

Con el terrorismo no se debería dialogar, mientras persistan en mantener asolado el territorio nacional. Con las Farc no se debería dialogar mientras mantengan personas secuestradas, pues cualquier tipo de acercamiento con criminales de esta laya, significaría entregarles el poder y el reconocimiento de "pares" válidos y en un mismo estatus.

Otra cosa sería unos diálogos que sean antecedidos por actos de contrición reales y demostraciones concretas de voluntad de paz definitiva. Otra cosa sería entablar un diálogo para la desmovilización total, precedido de la liberación de todos los secuestrados y en donde no prime el juego con la dignidad y la vida humana como punto de partida.

Y hablar de diálogo y no de negociaciones; porque con los criminales no hay nada que negociar. Porque una negociación implica beneficios mutuos entre las partes; y el Estado, dentro de sus funciones constitucionales, no puede aceptar las dádivas de los criminales, máxime cuando lo que se ofrece ha sido obtenido mediante medios ilícitos, inhumanos y desastrosos. Empezando por la libertad y la vida de nuestros compatriotas. Su liberación no puede tener ninguna condición, porque es un derecho inalienable que les ha sido violado, y que los criminales que hoy se muestran dados a sentarse en una mesa de negociación tienen que resarcir, antes de esperar cualquier benevolencia del Estado.

La propuesta que cunde en las diferentes ciudades del país de prohibir el porte de armas, aunque a primera vista suena muy plausible, en el fondo puede llegar a ser contraproducente. Porque se estaría limitando el porte de armas precisamente a quienes las usan para su defensa ya que, en la gran mayoría, quienes las utilizan para el ataque y los actos criminales, lo hacen ilegalmente y por fuera de permisos, registros y trámites. Sería más conveniente acrecentar la presencia de la fuerza pública en las calles de las ciudades y hacer batidas permanentes donde se podría detectar el porte ilegal de esas armas y proceder con todo el rigor de la ley. Lo contrario, repito, sería entrar a constreñir al ciudadano de bien, dejándolo desamparado ante la ilegalidad de los criminales que usan sus armas para atropellarlo, robarlo y quitarle su vida.