Este es el país de los absurdos. Hasta ayer tenía plazo el Estado colombiano para responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación en contra de Gustavo Petro. Aduce Petro en su solicitud de medidas cautelares (que se otorgan cuando "hay un riesgo inminente de daño irreparable, especialmente en lo que se refiere a la vida e integridad física de una persona"), que está a punto de cometerse un daño irreparable contra él y los votantes de Bogotá que lo eligieron.

Si por daño irreparable se conciben las penas contempladas en nuestra legislación para castigar los actos irresponsables, descarados, autoritarios o dictatoriales de los mandatarios, apague y vámonos. Si un mandatario no puede ser investigado, acusado y condenado por el solo hecho de haber sido elegido por votación popular, la democracia se desfigura y el estado social de derecho pierde su sentido. El voto popular legitima la elección por voluntades mayoritarias y es la base de la participación del pueblo que ejerce su poder individual para que, sumado al de muchos otros electores, determine quién los va a gobernar. Pero el voto popular no puede aducirse como patente de corso para actuar con ineptitud, por fuera de la ley o con excesos de autoridad.

Hoy Petro lo entiende diferente. O al menos así lo manifiesta para posar de víctima y perseguido, cuando ha sido él tal vez el mayor beneficiado por la lenidad legal histórica y por la impunidad que el pueblo vio con buenos ojos en su momento. Ha accedido a varios cargos de representación popular a través del voto y a través de los mecanismos democráticos contemplados en la Constitución Política que él mismo ayudó a crear; ha libado de las mieles del poder y ha encontrado un país receptivo, respetuoso y tolerante. Pero él parece haberse quedado anquilosado en sus creencias de que las cosas tienen que ser como él diga, en la forma como él disponga y de la manera como él las considere adecuadas, así tenga que violar las leyes y así tenga que recurrir a métodos violentos a los que hoy incita a muchos de sus seguidores, o a organismos internacionales para que desconozcan nuestro fuero y legalidad internas.

Y a este entuerto se ha sumado Otty Patiño quien acudió a la Fiscalía para denunciar que Pacho Santos sabía de la destitución del alcalde con anterioridad (tratando de ponerle palos en la rueda a un proceso jurídico que ha estado suficientemente ventilado en los medios y suficientemente publicitado), con la pretensión de descalificar el fallo del procurador o de enturbiarlo con razones estúpidas y pueriles.

¿Y quién es Otty Patiño? Seguramente para las nuevas generaciones este nombre no signifique absolutamente nada; seguramente para las personas menores de 30 años este nombre sea irrelevante. Por eso hay que contarles que Patiño fue cofundador del movimiento guerrillero M19 que tiene dentro de sus más grandes "triunfos" la toma a sangre y fuego del palacio de justicia en noviembre de 1985, en la cual unos pocos hombres sacrificaron la institucionalidad e incineraron lo más insigne de nuestra justicia, incluyendo a magistrados y cientos de funcionarios de la rama judicial.

Su historial, o prontuario, es tan extenso que ocuparía cientos de páginas que quedarían necesariamente manchadas con la sangre de colombianos inocentes. Y eso es lo peligroso. Porque en Colombia basta solo un testimonio de alguien de izquierda (entre más sanguinario, más credibilidad genera) para abrir un proceso y muchas veces condenar a priori a quien resulte encartado; basta solo un señalamiento de estos señores, así carezcan de pruebas, para iniciar una persecución infame en contra de seres inocentes; basta solo una tramoya en la cual se apoyen para defenderse y encuentran eco y soporte ante las propias cortes.

De manera pues que todo este teatro montado por Petro para defenderse de las leyes que él mismo ha creado, no puede seguir siendo un factor de desestabilización de los colombianos. Petro no puede ser inmune ante las normas; Petro no puede recibir tratamientos especiales; Petro no puede ser tratado con consideraciones que muchos entrarán a reclamar invocando la igualdad ante la ley; Petro no puede seguir recibiendo indultos, inmunidades ni excepciones. ¡Las leyes son para todos, incluidos los izquierdistas, y muy a su pesar!

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Ver en la Plaza de Toros a un hombre como Carlos Eduardo Ríos López impactando con su voz comercial, resulta muy gratificante. Y saber que su ejercicio como uno de los mejores narradores de fútbol del país, lo sigue desempeñando en la emisora Oxígeno 1090 con un excelente equipo de trabajo, es aún más gratificante. Porque durante muchos años lo quisieron opacar y relegar a un segundo plano, tratando a su vez de desconocer que la audiencia la generaba él; trataron de minimizar su ejercicio y de despojarlo de su verdadero protagonismo. Y hoy demuestra que son sus dotes profesionales las que lo mantienen incólume y lo hacen perdurar en el tiempo con excelente solvencia. ¡Felicitaciones Carlos Eduardo, y muchos éxitos en este año 2014 en el que seguiremos fieles a sus excelentes transmisiones!