El poder desde siempre ha traído consigo una sed insaciable de inmortalidad que embarga a los que lo poseen, bien sea porque sienten que su estatus les ha hecho merecedores de la misma o porque enfilan las baterías de sus regímenes para alcanzarla. Por diestra o por siniestra los hombres ungidos como líderes de los pueblos de turno han vivido constantemente con la sensación intrínseca de que nada puede pasarles, de que cuentan con el favor de los dioses o, en el peor de los casos, de que ellos mismos son el dios que les asegura una longeva existencia, más allá del corrosivo y desgastante transitar del tiempo. Por fortuna la naturaleza no nos ha castigado con el paradójico regalo de la inmortalidad y nuestros líderes por regla general suelen enfermarse y morir, lo cual nos sirve como evidencia de la fragilidad humana a la que los poderosos también se ven sometidos.
Los ejemplos de un mal que aceche desde las sombras a un político por años, pero solo venga a manifestarse en la cumbre de su carrera se dan casi de manera silvestre en nuestro continente, solo hay que remitirse a la temporada de presidentes latinoamericanos con cáncer que tuvimos recientemente, y en el que desde Lula hasta Lugo tuvieron que ser muy pacientes como pacientes, para comprender que es latente y real el riesgo de que un país o ciudad se quede huérfana por razones que escapan al caduceo de Mercurio o a la vara de Esculapio.
Ahora, tras las recientes hospitalizaciones del alcalde Gustavo Petro y el vicepresidente Angelino Garzón la pregunta se traslada a nuestro patio trasero y nos obliga a realizar un chequeo completo de nuestra democracia para ver cómo se encontrarán sus signos vitales en caso de una inminente y obligatoria sucesión si algo sale mal para cualquier autoridad territorial. ¿Existen los mecanismos suficientes para que el país pueda responsablemente tomar la decisión de apartar a alguien de un cargo de elección popular si considera que no se encuentra médicamente habilitado para desempeñarlo de la mejor manera o estamos condenados a vivir de la incertidumbre y capricho de los gobernantes para que sean ellos quienes con su libre y normalmente egoísta albedrío escojan? ¿Podría evitar la Constitución que un eventual Chávez criollo se burle de la democracia y gobierne a la distancia desde algún lugar remoto donde esté recibiendo tratamiento?
Pero no solo la orden a calificar servicios es lo que debe preocuparnos, sino también la manera como se reemplazará al convaleciente gobernante, pues bajo determinadas circunstancias podrían presentarse episodios que irían en contra de las bases constitucionales que sostienen a nuestra nación: tal sería el caso apocalíptico en el que deba cambiarse al vicepresidente y luego este sustituto deba asumir la presidencia ante la ausencia del Primer Mandatario, pues en esencia el nuevo Presidente habría sido elegido prácticamente a dedo y sin sufragio universal, algo que abre un peligroso boquete de cara a la identidad del susodicho, terminando por ser peor el remedio que la misma enfermedad.
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