Preocupa, por el bien del país, la situación de desprestigio que hoy viven los partidos políticos. Ausencia de militancia por parte de los ciudadanos y una creciente percepción negativa en torno a ellos. Que tan solo el 25 por ciento de los colombianos sientan cercanía con algún partido y más del 80 por ciento de ellos los asocie con corrupción, evidencia el deterioro de las instituciones que representan la democracia colombiana.

Tal situación nos está llevando a momentos no muy bien recordados, donde las microempresas electorales gobernaban los destinos de los partidos y los cacicazgos regionales se imponían sobre las plataformas ideológicas de las colectividades.

Las reformas legislativas no han producido las transformaciones esperadas, al punto que la ley de bancadas no tiene efectos materiales al momento de aprobar los proyectos de ley, o de adelantar los debates de control político. Cada congresista vota como a bien tiene y en muy contadas ocasiones se observa una verdadera postura de partido. Igual ocurre en las asambleas y concejos municipales donde las decisiones obedecen más a la coyuntura particular de los colegiados que a las directrices del partido -que dicho sea de paso, nunca se imparten-.

Y qué decir de los cuadros directivos de los partidos políticos. Los comités municipales son un saludo a la bandera y carecen de cualquier poder vinculante frente a quienes localmente los representan. Las direcciones nacionales reaccionan más por la presión de los medios que por el sentir de sus militantes y se orientan más por la agenda del ejecutivo que por iniciativa propia.

Actualmente no está claro cuál es el partido de gobierno y cuáles los de oposición. No sabemos si la unidad nacional se constituye en una estrategia para lograr el tránsito pacífico de los proyectos de ley sin mayor discusión legislativa o supone el acompañamiento de las políticas públicas y los propósitos del gobierno.

La política se está volviendo un escenario donde se imponen las posiciones particulares de un dirigente, o su reconocimiento, por encima de los postulados e ideología de los partidos. Prima más la pasión popular que la racionalidad al momento de adoptar una postura. Pareciera que estamos volviendo a las épocas propias del caudillismo cuyos antecedentes evidencian gran inestabilidad política y pérdida de legitimidad.

Y es que el deterioro institucional se da a todos los niveles. Los demás poderes del Estado se encuentran en similar situación. La rama judicial que otrora evidenciaba majestuosidad y confianza, ha perdido la estima ciudadana, entre otras razones, por las luchas internas de poder y el carrusel de las pensiones.

Es deber de la dirigencia colombiana crear mayor cultura política en la ciudadanía, logrando que por encima de las personas y sus intereses individualistas se encuentren las instituciones. Fortalecer la representación democrática definiendo reglas de juego claras y precisas. De lo contrario, cada vez será mas débil la institucionalidad y más precaria la democracia. Triste panorama en un país que presume de contar con una de las constituciones más pluralistas y garantistas de la región.