Quiero destacar en esta ocasión los cinco hechos político-sociales relevantes, que a nuestro juicio se destacaron en el 2013.

Primero, el avance en las conversaciones de La Habana entre las delegaciones del Gobierno del presidente Santos y de las Farc; en 2013 se dio un salto cualitativo en la posibilidad de doblar la página del conflicto interno armado y logramos que las dos delegaciones avanzaran sustancialmente en la construcción de un acuerdo y si bien todavía queda un camino complejo por recorrer y se requiere que a la mayor brevedad posible se formalice la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, es probable que el 2014 sea el año de la firma de la paz definitiva con la insurgencia guerrillera y el punto de partida para iniciar, con el aporte de todos, sin exclusiones, aún de los que hoy se oponen, a construir la paz, que no es otra cosa que una mejor sociedad y una democracia cada vez menos formal y más real.

Segundo, las movilizaciones agrarias y mineras colocaron sobre el tapete problemáticas aparentemente ‘olvidadas’ por el país; el país urbano redescubrió, gracias a las movilizaciones agrarias, que el campesinado sigue siendo un actor relevante en la vida política colombiana, así como en las movilizaciones de 2011 el movimiento estudiantil liderado por la Mane volvió a la escena política, ahora lo hizo el campesinado no solo con el paro agrario, sino por el movimiento del Catatumbo y claro, también por la discusión del primer punto de la agenda de La Habana sobre ‘desarrollo agrario integral (enfoque territorial)’. Algo similar sucedió con los mineros pequeños y artesanales.

Tercero, el inicio de saldar la deuda histórica del Estado colombiano con las universidades públicas y especialmente con la Universidad Nacional, con la aprobación unánime en el Congreso de la ley que crea la estampilla pro UN y demás universidades estatales de Colombia, que contribuirá a mejorar la infraestructura física de los campus de la primera universidad del país y que junto con los recursos adicionales del CREE y muy especialmente, con el cambio que se debe hacer de la modalidad de asignación de recursos anuales a las universidades estatales, con una nueva ley concertada de Educación Superior.

Cuarto, la controversial destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro que más allá de la discusión acerca de las facultades disciplinarias del procurador, en el centro del debate están dos temas de la mayor trascendencia, uno si en una democracia un funcionario, no designado por voto popular, puede tener la facultad para destituir a otro que ha sido elegido por los ciudadanos observando las reglas del juego del proceso electoral y adicionalmente por tratarse del alcalde de la ciudad capital que tiene un régimen especial y, en segundo lugar, en medio de un proceso de conversaciones para terminar el conflicto armado, un antiguo miembro de un grupo guerrillero que ha honrado los compromisos derivados del acuerdo de paz y ha ganado por votación popular la alcaldía más importante del país, va a ser destituido por valoraciones acerca de sus decisiones administrativas.

Quinto, el inicio en importantes sectores de la sociedad de la convicción de que se requiere un proceso de cambio constitucional -fracaso de la reforma de la justicia, necesidad de una reforma política profunda, revisión de las facultades excesivas para los entes de control en cuando a destituciones e inhabilidades políticas, etc.-; pareciéramos estar llegando a una convicción similar a la que se generó en los años 80 del siglo pasado y que acertadamente el profesor Mario Latorre Rueda llamó ‘la sociedad bloqueada’, para indicar que no eran posible los cambios por los canales institucionales y era necesario acudir a un camino heterodoxo como lo fue el proceso constituyente de 1991.