Varios hechos judiciales se han presentado en Caldas en los últimos días que, más que gratificarnos por ser decisiones debidamente anunciadas y con denuncias por irregularidades advertidas en este espacio, nos asustan y alarman en gran medida.

Después de un desgastante y tortuoso camino que vienen trasegando diferentes actores de nuestro departamento, y después de acudir con insistencia a los órganos de control y de justicia para que les sea respetado su debido proceso y las presunciones de ley, se están dictando medidas a favor de los implicados en un reconocimiento de inocencia o de violación de derechos que definitivamente resulta vulnerando la majestad de la justicia colombiana.

Porque aunque es cierto que la justicia puede presentar fallas por ser impartida por seres humanos que tienen alguna discrecionalidad ante la ley, no resulta lógico, sano ni coherente que estos errores sean recurrentes, aparentemente direccionados y coincidencialmente conniventes con la voluntad de la Corporación Cívica de Caldas. Esto es de una gravedad impresionante pues alcanza a demostrar cómo la insistencia de este columnista en develar los procesos amañados en contra de personas e instituciones han tenido sustento en la realidad.

Tenemos que empezar por los resultados de los estudios técnicos y financieros de Aerocafé, que de alguna manera avalan los procesos de construcción de la obra hasta el momento, pues se ajustan a lo concebido en los diseños, pliegos y contratos firmados, además de contrariar la posición sesgada de la mencionada CCC que se convirtió en la peor enemiga del proyecto.

Y continuar con las decisiones de la Procuraduría y la Contraloría en el caso de Edsa y el chance en Caldas que tanto daño nos causó: lo actuado en este caso tuvo su origen en las acusaciones mediante verdades a medias hechas por la CCC, cuyas consecuencias fueron desastrosas para la imagen de nuestro departamento que -con la anuencia y gloria de esa Corporación- llegó a ostentar los últimos lugares de imagen y credibilidad. Pues bien, la Procuraduría levantó la sanción impuesta a dos de los tres implicados y le restituyó los derechos que había vulnerado (aunque curiosamente no se manifiesta ante la sanción del entonces gobernador Aristizábal). Igualmente la Contraloría General de la República (donde ofician la muy cuestionada contralora Morelli y su asesor Emilio Echeverri) declara la nulidad del proceso de responsabilidad fiscal por la adjudicación del contrato del chance, ante la violación al debido proceso y el derecho a la defensa, sustentada en un proceso que nació cojo por estar evidentemente direccionado.

Adicionalmente, vimos cómo en el caso del exalcalde Llano la propia justicia ordena su libertad inmediata al considerar que existía una extralimitación en las decisiones anteriores y le respeta su derecho a la defensa en condiciones dignas. Pero allí no queda todo: la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, acaba de proferir una sentencia de primera instancia revocando las medidas adoptadas por la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y que, en síntesis, sancionaba a Aguas de Manizales con la suma de mil cien millones de pesos por supuestas irregularidades cometidas en los días del funesto desabastecimiento de agua en la ciudad en 2012.

Y para terminar, se conoció la semana anterior la absolución de la Procuraduría a Carmenza Galvis Ávila en los procesos en que se encontraba vinculada por algunas contrataciones actuando como gerente del Fondo Mixto de Caldas. ¿Qué ha sido de su vida en estos últimos años que tuvo que dedicar completamente a su defensa?

Está bien: se está haciendo justicia, así sea tardíamente. ¿Pero qué pasa con los seres humanos injustamente implicados, procesados y prematuramente condenados por la prensa, cuando atiende la perversidad de la CCC? ¿Quién les restituye la honra a las personas cuando se les ha mancillado mediante el fraccionamiento de la verdad y mediante la persecución personal, implacable y perversa? ¿Quién les devuelve el tiempo y el dinero perdido a las personas que resultan ser víctimas de la persecución de unos individuos que, utilizando un poder que a la postre es espurio, se encarnizan contra ellos?

Es lastimosa esta realidad que vivimos en Caldas. Pero más que eso resulta ser peligrosa. Porque cuando se vuelve recurrente que los órganos de control y de justicia se equivoquen por proceder complacientemente con quien denuncia, lo que puede estar ocurriendo es una convivencia malsana entre poderes que nos amenaza a todos. Y más que lastimosa y peligrosa la situación, resulta triste, desmotivante y aberrante. La justicia necesita generar confianza en los ciudadanos y ganarse el respeto y la majestad que ostenta por su dignidad; pero con estas equivocaciones tan patéticas que solo le sirven transitoriamente a los enemigos personales, está logrando es todo lo contrario. El tiempo nos está dando la razón, ¡lastimosamente!