Gran controversia ha causado en los últimos días el proyecto de regalías, por cuenta de la falta de información clara y precisa en especial para los principales destinatarios de la ley. Los señores gobernadores y alcaldes del país. En tal sentido es necesario hacer algunas precisiones frente a la iniciativa, en el entendido de que el acto legislativo ya fue aprobado y hoy estamos estudiando la ley que desarrolla la citada modificación constitucional.

Inicialmente debe indicarse que la voluntad primigenia del Gobierno en el sentido de irradiar las regalías en todo el territorio nacional es positiva. En segundo lugar, la decisión de distribuir los recursos por población y por pobreza de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas, es una forma de buscar mayor equidad en las regiones. En tercer punto, la creación del fondo de competitividad regional, como estrategia para elevar la productividad del país, es una muy buena decisión de cara al proceso de apertura de la economía que vive nuestra patria y que se viene traduciendo en la firma de varios convenios y tratados de libre comercio.

No obstante, es cierto que hay algunos temas que aún no están muy claros y que, en lo posible, deben resolverse en el proyecto que se encuentra para conciliación en el Congreso de la República. Como hecho principal, es evidente ratificar que la mayoría, por no decir la totalidad de los municipios, deben recibir recursos específicos para el cumplimiento de sus propósitos de gobierno. Igualmente, en un país con más de 700 municipios de sexta categoría, debe permitirse que los alcaldes postulen en los diferentes fondos, proyectos de impacto local que les permitan cumplir su plan de desarrollo. Es necesario que, vía reglamentación, se simplifique la presentación de los proyectos, a fin de que la tortura que diariamente sufren los mandatarios, por falta de rigor y presupuesto para estudios y diseños, quede superada. En este sentido, la financiación de estudios de preinversión con cargo al sistema, garantizan el éxito de las obras futuras.

La participación del Gobierno Nacional, a través de Planeación y del Ministerio de Minas, en todas las instancias de decisión regional, es otro de los puntos de debate. Rompe con el principio de autonomía territorial, que para la ejecución de una política pública local, sea necesaria la opinión de funcionarios que desconocen las realidades locales. Ojalá, el fin principal sea garantizar transparencia y buenas prácticas al momento de la ejecución de los proyectos y no coadministrar con los mandatarios.

Hasta tanto se disuadan estas dudas, no es prudente llevar el texto definitivo al Congreso. Ante la designación como conciliador del proyecto, estaré atento a que estas y otras inquietudes sean superadas. Es imperativo que el Gobierno a través de funcionarios del más alto nivel, emprenda una cruzada para que los servidores públicos territoriales, conozcan y entiendan el sistema general de regalías. Que los municipios puedan acceder a recursos por destinación directa y que el proceso de fiscalización sea lo suficientemente riguroso para que la evasión no sea el común denominador. Es evidente que el problema no es solo de información y de socialización. Necesitamos cifras claras y riguroso control político. La decisión tomada a través del acto legislativo que modifica las regalías, es no solo provechosa, sino altamente conveniente para nuestro país. A pesar de ello, su materialización, puede dar al traste con tan buena iniciativa.