Por supuesto que la oposición irracional a la implantación de la estación del Cable Aéreo en el parque de Bolívar de Villamaría, me tiene bastante indignado, sencillamente por eso, por irracional y porque además soy testigo de primera mano del profesionalismo y pulcritud con que se hicieron los estudios urbanos, patrimoniales y técnicos que acompañaron el proyecto, y de ñapa fui artífice con un grupo de arquitectos e ingenieros de los diseños que debían responder meticulosamente a los estudios mencionados.
Parece ser que la señora Beatriz del Carmen Peralta Duque, exalcaldesa de Villamaría, vecina del lugar, técnica, urbana y patrimonialmente seleccionado para la localización de la estación del cable considera, a mi juicio erradamente, que su casa va a perder valor económico y animada por su mezquino interés ha tocado infructuosamente todas las puertas para alejar el proyecto, hasta que se le "iluminó el bombillo" y enarboló, seguida por algunos fundamentalistas y oportunistas, que logró incorporar a su causa, la bandera del patrimonio, ese que la Real Academia de la Lengua Española define como: "lo que se hereda del padre o de la madre" y que constituye el soporte de identidad de una comunidad que encuentra en él la herramienta para tomarle el pulso al presente y la fuente de inspiración para construir el futuro. Una juez que presumo yo, le siguió el juego con una alucinada sentencia, ordenó reconstruir todo, prohibió la enajenación de inmuebles con ánimo comercial, y mandó investigar a cuanto funcionario o concejal tuvo que ver con el proyecto pero… se le fue el tiro por la culata, el patrimonio ya no existe como lo atestigua el sentido común y lo refrendó el Consejo Departamental de Patrimonio, había sido dilapidado, malgastado por la ignorancia.
El alcalde de Villamaría, que gobierna bajo el eslogan de "Gobierno ciudadano con el poder de la gente", amigo político de la susodicha señora, con un discurso que varía de acuerdo con los intereses de sus interlocutores, respondió a la indignación ciudadana, que defiende con marchas y manifestaciones populares la ubicación de la estación en el Parque de Bolívar, presentando ufano El Plan B, consistente en ubicar la estación al interior de la manzana de la discordia y solucionar el acceso desde el parque por una plazoleta construida en la edificación demolida, la puntica no más dice la sabiduría popular para hacer mofa de aquella que a pesar de… se sigue promocionando como virgen impoluta, contraviniendo de paso el contenido de la sentencia emitida por la ya citada juez, que ordena restaurar a su estado original, la casa que había sido derribada y echando por la borda el discurso del patrimonio que le había costado ya algunas de sus más preciadas vestiduras.
La propuesta en cuestión, especie de eufemismo urbano, hace aparecer la Estación del Cable como una construcción vergonzante camuflada en la humedad de los solares y le usurpa el derecho de hacer parte de la urbanística contemporánea del parque, pero lo más grave aún es que contraviene flagrantemente, ésta vez sí, su cualidad patrimonial que no es otra que su paramentación urbana, un hueco en este continuo afectaría la esencia del espacio legado por la colonización antioqueña en su manera particular de hacer ciudad, lo anterior condicionado a la revocación de la sentencia, en caso contrario propone el acceso por la carrera tercera, causando todo tipo de estragos a la movilidad sobre todo la peatonal y negando de un tajo el valor del Parque en la vida urbana del municipio.
No se le puede dar gusto a todos, ese no es el papel del buen político, se debe atender el bien común así se moleste doña Beatriz del Carmen Peralta Duque.
El Tribunal Contencioso de Caldas, que no nos cabe la menor duda fallará en derecho, tiene un enorme compromiso con la cultura, con el patrimonio y con la historia; su fallo será referente para las actuaciones del futuro, pondrá en valor los espacios icónicos y los edificios patrimoniales de la ciudad; para develar la realidad de las cosas puede contar con otras instituciones del Estado que pueden apoyar su estudio, como la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional, el Consejo Departamental de Patrimonio, el Ministerio de Cultura y un sinnúmero de urbanistas adscritos al Ministerio de Vivienda, entre muchos de los recursos con los cuales cuente el país para hacerle justicia a la ciudadanía.
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