No podría oponerme a que se facilite la desmovilización de personas que han estado vinculadas a grupos violentos, en nuestro Gobierno se desmovilizaron más de 52 mil. He creído que la democracia debe desarticular estos grupos con autoridad severa, reinserción generosa y sin impunidad, y política social para que los jóvenes no sigan siendo reclutados por las organizaciones criminales.

La Ley 975 se constituyó en la primera ley de paz que exige justicia y reparación a las víctimas. Pero el nuevo Marco Legal para la Paz abre caminos de impunidad y deja al país en una incertidumbre que dependerá de las circunstancias en que se expida una ley estatutaria.

El primer riesgo de impunidad surge al ordenar la investigación selectiva sobre máximos responsables de atrocidades que dejaría por fuera a otros responsables, no máximos, de estos delitos. En Colombia, el terrorismo generalmente actúa con crímenes de lesa humanidad, si esta es la regla, y solamente se investiga a algunos de sus autores, los demás quedarán sin acción penal.

Pero aún más preocupante, a renglón seguido, después de ordenar la investigación y condena de máximos responsables, también se autoriza la suspensión total de la ejecución de la pena, lo cual excede el beneficio de excarcelación o de disminución del tiempo carcelario, y equivale a amnistía o indulto, prohibidos frente a estas atrocidades.

Con respecto a la elegibilidad política se modifica la Constitución y se crea una incertidumbre grave para la ciudadanía, las Fuerzas Armadas y la inversión. Hasta ahora la Constitución permitía la elegibilidad en el caso de delitos políticos, pero el Marco la extiende a sus conexos, que los definirá una ley estatutaria. El Gobierno no permitió que esta nueva disposición excluyera de elegibilidad, y por supuesto de conexidad con los delitos políticos, a los delitos de lesa humanidad, a las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al narcotráfico. Mientras el discurso del Presidente afirmaba que Timochenko no podría ser elegido, el asesor Presidencial, Sergio Jaramillo, ordenaba a los congresistas no incluir estas salvaguardias. La verdad es que la ley estatutaria podrá decir si Timochenko y sus compinches son elegibles, y mientras tanto preocupación e incertidumbre. Está bien que se quieran solucionar injusticias que afectan a integrantes de las Fuerzas Armadas, lo grave es nivelarlos con los terroristas.

Algunos congresistas y comentaristas han afirmado que la impunidad es el costo de la paz, pero dijeron lo contrario en el pasado con la desmovilización de los paramilitares. Deberían recordar que al suplantar la autoridad por la impunidad no se consigue la paz, pero sí más sangre de soldados y de colombianos inocentes.

Esta apuesta a la atracción del terrorismo genera a Colombia el costo enorme de volver a ser impredecible.

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