El debate electoral y las políticas públicas educativas

El debate político refleja su poca calidad cuando los lugares comunes roban el protagonismo de las ideas y de los argumentos.

En este sentido, el contenido de las políticas públicas educativas necesita una deliberación de lo social en donde predomine la honestidad del discurso político como fruto de la exigencia ciudadana; solo de esta forma se puede imprimir la legitimidad que las prioridades de la agenda pública requieren para su conversión en hechos visibles. La política pública no puede tener derroteros construidos en el vacío ofrecido por los opinadores, por el contrario se debe propender por el protagonismo del diálogo interdisciplinario en el que tenga lugar un debate profundo y en sintonía con los verdaderos problemas apremiantes de la sociedad.

Por ello, a quienes elegiremos en poco más de dos meses, serán aquellos en quienes confiemos el desarrollo de las políticas que solucionarán nuestros problemas durante los próximos años. A aquellos quienes deberán priorizar el orden y la intensidad en su aplicación. A aquellos que deberán determinar, al final de sus mandatos, la efectividad de cada una de esas acciones que propusieron para solucionar los problemas que entendieron como colectivos.

Es así como no solo debemos elegir a quienes entendamos como mejor preparados para representar nuestros intereses en ese ejercicio de ejecución y evaluación de esas políticas, sino a quienes, mediante un riguroso y juicioso proceso de planeación, sean capaces de utilizar herramientas eficaces que permitan identificar el estado actual de la ciudad y el departamento y en particular el de la política educativa plasmada en el plan de desarrollo, en el entendido que éste se convierte en el instrumento orientador de la acción del Estado. Aunque se debe aclarar que el plan tan solo representa una parte en la larga cadena de relaciones y decisiones que envuelven la construcción de políticas públicas, en ellos se resume y condensa la propuesta del gobierno para solucionar los diferentes problemas sociales.

El plan de desarrollo vigente señala expresamente que la “educación es el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.

Por ello, es fundamental que la ciudadanía apoye y participe activamente, no solo en todo el proceso electoral, porque ahí se soporta la democracia, sino en procesos en los que se le indague sobre sus percepciones frente a los principales problemas que aquejan a la educación.

Habrá que estar atentos durante los próximos meses. La democracia nos ofrece escenarios que normalmente damos por sentados y, precisamente por ello, menospreciamos. Solo quienes participemos tendremos derecho y autoridad moral para evaluar las decisiones que tomen quienes elegimos para determinar el rumbo de las políticas públicas educativas durante los próximos años.

Aunque la educación no se encuentre en la lista de las principales preocupaciones de la ciudadanía, expresadas en las encuestas de opinión, ocupará sin duda un lugar importante en el debate electoral que se desarrolla a lo largo de este año 2015 con motivo de las elecciones de octubre en los que se elegirán democráticamente a las autoridades municipales y departamentales que regirán los destinos en 32 departamentos, 1096 municipios, 5 distritos, dado que la educación afecta a millones de personas, bien sea por su condición de estudiantes, de padres, de docentes, empresarios o sociedad civil. Este hecho, aunado a la expedición de la Ley 1753 de 2015, denominada la Ley del Plan “Todos por un nuevo país” resulta relevante para la administración pública y la vida de los colombianos durante los próximos cuatros años.

Para materializar este propósito y con la visión de ser Colombia la más educada al 2025, el Ministerio de Educación Nacional concurre con las autoridades que en el territorio tienen la competencia de la prestación directa del servicio educativo para que ejecuten coordinadamente las iniciativas que promueva el Gobierno Nacional. De allí la importancia de lograr posicionar -conforme a sus competencias- en el marco del proceso electoral, que las autoridades electas de las entidades certificadas en educación incorporen en sus programas de gobierno y en sus planes de desarrollo iniciativas de política pública que observen y materialicen sus obligaciones en relación con el respeto, protección y realización del derecho a la educación y garanticen la prestación del servicio con criterios de calidad, oportunidad y eficiencia.