Con la decisión del presidente Santos de no acoger el otorgamiento de medida cautelar al hoy exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consistente en la suspensión de la sanción de destitución emitida por la Procuraduría General de la Nación, pareciera que el "caso Petro" hubiera llegado a su fin. Pero no es así. Todavía falta camino por recorrer en uno de los eventos más importantes de la vida política y jurídica del país en mucho tiempo. Las motivaciones de la política y las razones del Derecho se mezclan en cada capítulo de este caso, de una manera tal que lo llenan de complejidad e incertidumbre. Su comprensión se hace difícil para ciudadanos y abogados. Al final, lo único que queda es un abanico de emociones que van desde la ciega fidelidad al exalcalde hasta el odio visceral a su persona y lo que representa ideológica y políticamente.

El Derecho, que pareciera ser un camino cierto para resolver situaciones conflictivas de la vida social y que otorgara una respuesta inequívoca a cada pregunta, ha evidenciado en este caso lo complejo e incierto que puede llegar a ser. Igualmente, es claro que puede ser manipulado con base en las intenciones y orientaciones de quien lo interpreta y aplica. Como están las cosas, todavía quedan varias alternativas, recursos e instancias que pueden extender en el tiempo este ‘expediente’ y darle un giro radical a las decisiones hoy vigentes. Estas son las alternativas más visibles con que cuenta Petro para darle otra vuelta más a la historia: Una tutela ante la Corte Constitucional impugnando la decisión del Presidente de no acoger las medidas cautelares de la CIDH, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado para dejar sin vigencia la sanción del Procurador y una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busque levantar su castigo.

Jurídicamente, el presidente Santos tenía a su disposición muchos más elementos de juicio sólidos para cumplir con el otorgamiento de la medida cautelar que para hacer efectiva la salida de la alcaldía de Petro. Las decisiones de la Corte Constitucional, guía obligada para interpretar la Constitución y las leyes por parte de las autoridades, así como los tratados internacionales suscritos y aprobados por el Estado colombiano, mostraban un camino que el Presidente decidió ignorar. Tal vez pensó que obrando como lo hizo se le daba un cierre definitivo a un asunto problemático y vertiginoso no solo para la ciudad, sino también para el Gobierno Nacional y la política en medio de una campaña presidencial que si bien aburrida, de una importancia enorme para el futuro del país. Santos no quiere arriesgar su reelección, y de haber acogido la medida cautelar de la CIDH podría haber generado una enorme molestia entre los malquerientes de Petro y de lo que éste representa; estos malquerientes pueden ser cientos de miles que podrían cambiar su voto a favor del Presidente por otro candidato. También habrá querido evitar darle "munición" al expresidente Uribe, hoy senador electo, para erosionar su campaña. Otro elemento que se debe contemplar, aunque tal vez no haya sido el principal motivo para ratificar la destitución, es que de prosperar las pretensiones de Petro, existiría el riesgo de una cascada de reclamaciones de más de mil funcionarios elegidos por el voto popular y que han sido destituidos por la Procuraduría en los últimos diez años. Se estima que estas reclamaciones, de prosperar, le costarían al fisco más de dos billones de pesos, una cifra nada despreciable en términos de hacienda pública. Sea cual sea la motivación o motivaciones de Santos, la interpretación jurídica del escenario normativo que regula el caso, hecha por sus asesores, fue corta e inadecuada. En el afán de un punto final solo pudieron escribir puntos suspensivos.

Tal vez Petro recupere sus derechos, pero esto no se ve en el horizonte de corto plazo. Se vienen ahora las elecciones para escoger un nuevo alcalde que ejercerá un año y medio. Hay un nombre que llena todos los requisitos para ejercer la alcaldía de Bogotá en este singular momento, y que de ser elegido alcalde sería lo mejor que le podría pasar a Bogotá y al país, esa persona es Carlos Vicente de Roux.