Es una pregunta relevante, no solo por las protestas en el Catatumbo, las conversaciones en La Habana y las discusiones sobre Zonas de Reserva Campesina, sino, fundamentalmente, porque de su respuesta depende mucho el futuro alimentario de nuestra sociedad y la forma como vamos a continuar ocupando el territorio.

Para comenzar, el peso total de los habitantes de las zonas rurales tiene una tendencia decreciente: la transición demográfica que Colombia continúa viviendo, implica menos nacimientos, menor mortalidad infantil, mayor esperanza de vida y, también, un fuerte proceso de urbanización.

Hacia 1960, el 50% de la población total del país vivía en lo que las cuentas oficiales denominan ‘resto’. El último censo reportó un 24%, esto es, cerca de 11,3 millones de personas.

El problema de la denominación ‘resto’ es que allí se ubican todos los habitantes que no están en el conglomerado de viviendas cercano a las alcaldías de los municipios. Es decir, una parte de Titiribí es considerado como cabecera, y este dato se suma al de ciudades como Bogotá y Cali.

Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en su informe sobre desarrollo rural argumenta que lo ‘rural’ va más allá de las actividades agropecuarias y lo entiende como una realidad de cuatro componentes: territorio, población, la tierra y un modelo cultural.

Con este criterio, afirma que el 31% de la población colombiana son habitantes rurales, y de ellos, el 64% están dedicados a actividades rurales, casi 9,3 millones.

Los datos del mercado laboral indican que para mayo de este año había 3,1 millones de personas ocupadas en actividades agropecuarias. Si asumimos hogares de cinco personas, un poco más grandes que los urbanos, donde al menos dos de ellas están ocupadas –lo hacen desde edades tempranas en el campo– tendríamos un estimativo cercano a los siete millones de personas.

Ninguno de los tres datos, 11,3 millones de personas en resto, 9,3 millones de habitantes rurales en actividades agropecuarias o 3,1 millones de ocupados en dicho sector, discriminan sobre quiénes son campesinos, pero es posible afirmar que se mueven en un rango entre 7 y 10 millones de personas.

El modelo de desarrollo económico y social debe contar con ellos y priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión de las zonas donde habitan nuestros campesinos. Para hacerlo no basta con la intervención del Estado, se requiere de inversión privada, transferencia tecnológica, nuevos modelos de producción agropecuaria y mejores análisis de los mercados. También del aporte de la academia para estudiar más las realidades de esta parte del país.

Así como no es posible asumir que todos los habitantes de las zonas rurales son campesinos, tampoco debemos satanizar todas las iniciativas agroindustriales del país. Caer en ambos errores nos puede llevar a tomar decisiones desastrosas.