No hubo sorpresas en la votación del proyecto de ley en el Congreso para discutir los derechos de la comunidad LGTBI. Ninguna. Ganó el apego al pasado. Dominó la moral religiosa. Y en general, triunfaron, las posiciones retrógradas, opresivas y excluyentes.

Perdimos todos.

Sobre todo porque los congresistas establecieron que en el debate que buscaba equiparar el matrimonio de parejas del mismo sexo con el de parejas heterosexuales, hubo altura intelectual y política, pero la verdad es que esa discusión de intelectual, no tuvo nada.

Para empezar por un tema de forma y es que de los 102 senadores, solo había 75 en el recinto. ¿Dónde estaba el resto? De los que estaban presentes, 51 votaron en contra y 17 a favor, y solo se quedaron 11 hasta el final del debate.

Impresentable.

Ahora bien, en el tema de fondo, la situación fue peor. El argumento ganador fue que según lo establece la Constitución de 1991, la familia se conforma por la decisión de "un hombre y una mujer de contraer matrimonio". Un poco simplista.

El hecho que la Carta establezca literalmente que es necesario un hombre y una mujer se ha vuelto una defensa para los conservadores, como si eso estuviera escrito en piedra. Ridículo.

En derecho hay un principio que establece que las cosas se deshacen como se hacen. Y la manera como se hizo esta frase es la misma que se debe usar para cambiar el concepto de familia y matrimonio a uno genérico, más amplio e incluyente. Sobre todo un concepto de familia que refleje la realidad actual.

Ya la Corte Constitucional dio los principios jurídicos para hacer esto. Pero los congresistas, aferrados a esta noción como si de ellos dependiera el futuro de la patria, han decidido seguir protegiendo los argumentos religiosos y moralistas, pese a que esa misma Constitución, la que tanto defienden, establece que Colombia es un país laico. Irónico.

No obstante, la Corte Constitucional en su sentencia dejó claro que una pareja homosexual sí puede constituir una familia. Lo que le pidió al Congreso era que estableciera cómo.

Y previendo que el Legislativo podía salir con este chorro de babas, estableció que si no lo hacían para el 20 de junio de este año, los interesados podrían ir directamente a las notarías a hacer valer su derecho para buscar "un vínculo marital".

Así, a partir de esta fecha, las parejas homosexuales podrán acudir a las notarías para formalizar su unión, no obstante, aún no se sabe cómo los notarios interpretarán lo que la Corte ordenó, e incluso si algunos podrán alegar objeción de conciencia y podrán negarse a celebrar esas uniones.

Ese es el limbo que el Congreso permitió.

Sobre todo porque "matrimonio" y "vínculo marital" no es lo mismo. La diferencia no solo es discriminatoria para la comunidad LGTBI, sino que también tiene desiguales implicaciones jurídicas. Si se trata de una definición distinta los efectos legales son distintos. Así de claro y así de sencillo.

Por eso es necesario que en algún momento el país enfrente esta situación de nuevo y el Congreso otorgue igualdad de derechos para los homosexuales.

Para la comunidad LGTBI la forma en que ejercen la vida en pareja debe poseer, en la esfera pública, la misma validez que cualquier otra libremente consentida. No hacerlo es seguir tratándolos jurídicamente como anomalía. Y que el Congreso no haya regulado esta situación solo demuestra el alto nivel de homofobia que existe dentro de la institución. Una situación que tiene que cambiar, tarde o temprano.