Con marcado interés y con total responsabilidad dos distinguidas instituciones: Manizales Cómo Vamos y el Observatorio de la Calidad de la Educación, recientemente han publicado informes estadísticos que dan cuenta del estado de los procesos educativos de la ciudad en materia de calidad y cobertura; válido esfuerzo que se constituye en un indicativo más de la inmensa preocupación y del marcado interés de la sociedad civil de la ciudad, por los asuntos de la escuela; pero, más allá de hablar de las cifras que revelan sendos estudios, deseo aportar un par de elementos que, en materia de contexto y referencia, creo le vienen bien al debate. El primero, tiene que ver con la pregunta: ¿Manizales, cómo vamos en educación? La primera respuesta que se me ocurre es la de que estamos en una situación muy parecida a la de Armenia, Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, Ibagué; en fin, estamos igual a muchísimas entidades territoriales del país, sencillamente porque el sistema educativo en Colombia está totalmente centralizado, inspirado educativamente en la progresista Ley 115, pero económicamente, rígidamente regulado por la Ley 715, la única diferencia en lo territorial es la de que algunas autoridades hacen énfasis en aspectos de su convicción y se han comprometido en sus planes de gobierno con programas como el bilingüismo, el emprendimiento, el uso del tiempo libre, la formación artística y la formación tecnológica, entre otros; hacen parte de las iniciativas particulares que los gobiernos locales deben financiar con recursos propios y que poco impactan los indicadores, precisamente porque son programas de gobierno, que no tienen permanencia y sostenibilidad toda vez que la prioridad del anterior y del próximo gobernante no coinciden con el actual. De manera, pues que si parodiamos al ilustre físico y matemático Albert Einstein: "Locura, es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes", en el país central se hace lo mismo en materia educativa, ¿podríamos esperar resultados diferentes en las regiones?; de allí, entonces, que la gran pregunta por resolver y el debate por enfrentar es ¿Colombia, cómo vamos en educación? Desde el nivel central se definen la casi totalidad de las políticas que regulan la vida de la escuela, a lo largo y ancho del territorio nacional: planes, programas, proyectos, auditorías, inspección y vigilancia, planta docente y directiva, financiación de las instituciones educativas, en fin, es tal la dependencia casi absoluta de la educación del régimen centralizado que hasta para enviar un docente en condición de provisionalidad, el respectivo secretario de educación ha perdido su autonomía y debe solicitar a la comisión nacional del servicio civil (organismo centralizado) la respectiva autorización y hasta tanto se surta este trámite no se le puede garantizar a los niños el derecho a la educación, mínimamente con la asignación del docente. Invito a los parlamentarios de Caldas para que cursen esta iniciativa en el Congreso de la República; ya es hora, después de 12 años de vigencia de la Ley 715, que hagamos un balance de sus resultados, de sus bondades y de sus consecuencias; ya es hora de determinar la relación "costo-beneficio" de este acto legislativo tan discutido hacia el año 2001, es el momento para que de frente al país en un acto de transparencia evaluemos quién tenía entonces la razón: si el país educativo que advertía de sus nefastas consecuencias o si el gobierno de aquella época, el del hoy expresidente Andrés Pastrana Arango, que advertía a éste como un adviento mesiánico para las escuelas de Colombia.

Y, en segundo lugar, no me cabe duda alguna, que en medio de tanta homogeneidad del sistema educativo en Colombia, en Manizales la participación de la sociedad civil, el despertar de la ciudad por hacer de la educación de calidad, una prioridad para todos, es el elemento diferenciador que nos puede llevar a registrar ésta como una experiencia solo comparable con algunas ciudades del mundo que han logrado transformar la realidad de la escuela con el compromiso ciudadano.