Se apresta la Asamblea Departamental a estudiar la propuesta del señor gobernador Guido Echeverri Piedrahita de que el Departamento de Caldas se acoja a la Ley 550, proyecto que es tal vez el más delicado, definitivo y profundo de los presentados en la historia de Caldas.

Y todo empieza (y termina) en un pasivo por concepto de bonos y cuotas pensionales que se remonta a varios lustros atrás, y que debería ser analizado con mucha profundidad, pues al acogerse a los beneficios consagrados en la ley, el departamento entrará en un estado de riesgo demasiado alto y pasará a ser mirado con recelo y temor por las entidades financieras, proveedores y, en general, por quien tenga que establecer negocios comerciales o de inversiones con el ente jurídico.

A simple vista la decisión del Gobernador es un poco apresurada y tal vez desmedida, pues la gravedad acreedora de Caldas no parece corresponder con las soluciones que se quieren adoptar. Porque, si bien es cierto que los pasivos pensionales suman varios miles de millones de pesos, algunos de los acreedores del departamento por este concepto son a su vez deudores del mismo, lo que conllevaría a hacer unos cruces de cuentas entre las entidades que hoy reclaman y seguramente el alivio sería inmediato.

Y no parece justo entonces que un departamento que ha estado tradicionalmente bien calificado, que ha sido considerado por el sector bancario y comercial como un excelente cliente, y que tiene todas las posibilidades de enfrentar con solvencia sus movimientos diarios de funcionamiento, entre a hacer parte de aquellas entidades proscritas por el sector financiero a quienes se les cierran todas las puertas y cuyas consecuencias trascienden hasta en las ayudas que se puedan conseguir en el Gobierno Nacional.

Por otro lado, el declararse una cesación de pagos (donde se tienen que incluir todos los acreedores) representaría la quiebra absoluta de muchos proveedores del departamento a quienes se les adeuda bienes o servicios, y de otros tantos contratistas que hoy hacen parte de ese grupo de profesionales que han emprendido obras de infraestructura asumiendo la totalidad del costo de su propio bolsillo y que tendrán que esperar diez o quince años para recuperarlo.

Pero podríamos ir más allá: ¿qué sentido tendría la existencia de un Gobernador amarrado totalmente y sin posibilidad de tomar decisiones autónomas? Al acogerse a lo contemplado en la Ley, el Gobernador de turno dependerá para sus decisiones económicas y de inversión de una junta de acreedores, o de un promotor nombrado por el Ministerio de Hacienda quien dictará la última palabra; y en lo político seguirá dependiendo de la Asamblea Departamental a quien le deberá rendir cuentas sobre decisiones que no han sido de su resorte ni han dependido de su poder autónomo. Entonces, ¿para qué un Gobernador, si las decisiones serán de instancias superiores?

Y también nos podríamos preguntar: ¿para qué la Asamblea Departamental? Si la razón de ser de este ente es el control político, y el control político se hace sobre las decisiones administrativas y de inversión que giran necesariamente en torno al dinero, y esas decisiones ya no son del resorte de quien se elige para ello sino de un delegado del Gobierno Nacional, ¿qué sentido tiene elegir catorce diputados que no tendrán posibilidad de luchar económicamente por sus regiones, ni de ejercer el control que la Constitución les ordena?

Si bien es cierto que permanecer en un estado de zozobra, de incertidumbre y de riesgo de que los dineros que entren al Departamento sean embargados por los acreedores pensionales, no es un estado deseable, también lo es que existen instancias, mecanismos, procedimientos y juegos económicos diferentes para asumir estos pasivos y para paliar esta crisis de una vez por todas. Pero sin acudir a medidas desesperadas cuyas consecuencias son incalculables para un departamento que ha sido aporreado, vilipendiado, señalado y minimizado por la prensa nacional, producto de las deplorables rencillas de poder a las que nos hemos visto sometidos en las últimas décadas.

Bien harían entonces la asamblea Departamental y el propio Gobernador en plantearse escuetamente la realidad de la situación económica del Departamento y en buscar más bien mecanismos efectivos de cobro a sus deudores; en acudir a entidades como el Fopep para aliviar sus pasivos pensionales; en replantear en un todo el sistema de recaudo de impuestos de registro, de vehículos, de gasolina y acpm, de estampillas a licores y controlar su contrabando; y en tocar puertas del Gobierno Nacional, antes de amarrase totalmente y de perder toda posibilidad de maniobra para conducir a Caldas por el sendero del progreso y desarrollo.

Puede que el camino de acogerse a la Ley 550 sea el más fácil, pero seguramente no es el más viable en una situación que no es tan crítica como para aplicarle medidas desesperadas. Bien lo dice el diputado Jorge Luis Ramírez: sería como pretender curar una gripe aplicando un tratamiento de quimioterapia. El departamento de Caldas no está quebrado y, por ende, no se le puede dar ese tratamiento pues desde ya se sienten el recelo, la prevención y el miedo de los acreedores, servidores y posibles financiadores para efectuar negocios con este ente jurídico.