En días pasados me dirigí a la señora gobernadora encargada, con el fin de que me fuera entregada la relación detallada de los contratos suscritos por todas las secretarías del despacho e institutos descentralizados del orden departamental, durante el segundo semestre del año 2013 y lo corrido del año 2014, buscando despejar las dudas que generó el alto volumen de contratación en vísperas de ley de garantías. (Ya comentaremos sobre esto).

Pues bien, hay que reconocerle a la señora gobernadora su diligencia dentro de los términos legales; pero también tengo que manifestar mi inconformidad con la respuesta dada por la Industria Licorera de Caldas que le contesta a la propia gobernadora: "Le manifestamos con todo respeto, que la Industria Licorera de Caldas es una Empresa Industrial y Comercial del Estado acorde con las ordenanzas… por lo tanto es ajena al alcance de la solicitud requerida; sin embargo en todo momento estamos dispuestos a suministrar la información que sea requerida cancelando previamente el valor de las copias por parte del peticionario". ¿Para qué tanta descortesía, prepotencia y condicionamiento? Al gerente de la ILC, Bruno Seidel, le tengo que decir que ya no las necesito. Ya las conseguí. Y basado en ello paso a hacer algunas consideraciones:

La empresa tiene un departamento de Asesoría Jurídica permanente de altísimo nivel e inmenso costo, compuesto por un profesional especializado de apoyo jurídico y un asistente, además del personal de oficina que les sirve como soporte. No obstante, encontramos los siguientes contratos de asesoría jurídica externa suscritos en los primeros dos meses de 2014: el No. 742014 de enero 23, por valor de $83.750.000 para la "representación de la ILC en procesos judiciales administrativos, laborales, civiles y comerciales que cursen y que lleguen a cursar…"; el 0692014 de enero 23, por valor de $78.474.000 para "Abogado externo para atender asuntos laborales y otros"; el 622014 de enero 23, por valor de $162.291.653 para "prestar asesoría y representar a la ILC en las sedes administrativa… y judicial… actuación a favor de los intereses de la ILC en investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y en Procesos penales"; el 0672014 de enero 23, por valor de $16.000.000 para el "Estudio de la situación pensional de (100) aproximadamente trabajadores oficiales…"; el 452014 de enero 23, por valor de $37.450.000 para "Asesorar y representar los intereses de la ILC en las investigaciones o procesos penales…"; el 0182014 de enero 15, por valor de $125.800.000 para "Servicios profesionales en materia tributaria y cambiaria y representación de la empresa…". En resumen, contratos jurídicos paralelos por valor de $503.765.653. ¡Qué tal!

Aquí sobra alguien. O el departamento jurídico de la empresa no tiene sentido de existir, o estamos frente a una nómina paralela de proporciones mayúsculas. Pero adicionalmente, encontramos el contrato 1002014 de enero 24, por valor de $127.600.000 para la auditoría externa a los Estados Financieros. ¿Acaso la empresa no tiene Revisor Fiscal? ¿Acaso la empresa no es supuestamente auditada por la Contraloría General del Departamento? ¿Acaso la empresa no tiene un área de control interno, costos y contabilidad que generan informes confiables y acertados?

¿Y qué decir del contrato 552014 de enero 23, por valor de $232.000.000 para "Recomendar un modelo integral de internacionalización para la categoría de ron"? Esta situación está suficientemente diagnosticada, analizada y claramente concebida desde hace años. Pero el contrato, además, fue otorgado "a dedo" sin mediar licitación pública ni concurso de oferentes.

Y podríamos seguir con un sinnúmero de contratos carentes de sentido firmados precisamente en esta administración de la austeridad, la honestidad y del blanco y negro. Podríamos ahondar un poco más en quiénes son los beneficiarios de los contratos (o quiénes están detrás de ellos) y encontraríamos sorpresas demasiado desagradables. Por eso es preferible, por ahora, pasar a un tema más delicado aún: la pérdida de la licitación de la producción, distribución y venta del aguardiente doble anís del Huila. Una licitación por valor de $73.403.927.528 de la cual sale inhabilitada la ILC por no cumplir "Requisitos jurídicos y su acreditación" y "Requisitos técnicos y Experiencia".

En esta feria de contratos de asesorías jurídicas, no se puede justificar que se proceda con desconocimiento de los mínimos requisitos legales que se tienen que cumplir para presentar una licitación de la importancia de la mencionada. A no ser que se presente para perderla… Y no es de dudar, pues la sola constitución de la Unión Temporal San Agustín, en la cual la participación de la ILC es del 1%, mientras que la de la firma de construcción Furel S.A. es del 99%, nos lleva a concluir que se desechó conscientemente la oportunidad de un negocio rentable para la ILC que le daría un buen oxígeno en su situación financiera. ¿Por qué asociarse con una firma antioqueña, constructora, sin experiencia en distribución de licores, teniendo la ILC unos socios naturales como son, por ejemplo, los distribuidores caldenses que podrían reunir los requisitos exigidos?

Tal vez hubiera sido mejor la asociación con una funeraria; así, por lo menos, tendríamos acceso económico a un entierro de primera y no de quinta como se lo quiere dar esta administración. ¡Ah! Pero una funeraria de Medellín, pues al fin y al cabo todo parece indicar que se está trabajando -como siempre- para entregarle los restos de la ILC a los antioqueños. ¡En blanco y negro hay que reconocer la buena gestión que sigue haciendo para Antioquia Bruno Seidel Arango! ¿Y qué dice la Gobernadora? ¿Y la CCC? ¿Y la Contraloría? ¿Y la Procuraduría?