Es triste admitirlo, pero todo parece indicar que el más grave riesgo que afronta hoy nuestra ILC no está en el mercado, ni en la obsolescencia de equipos, ni en la situación financiera, ni en la posición legal sometida a competencias políticas y de monopolio de rentas departamentales. El más grave riesgo por el que atraviesa la ILC se lo está generando su situación interna y los intereses oscuros, velados y maquiavélicos que la acechan y que la han logrado penetrar hasta sus más delicados asuntos.

Bruno Seidel Arango, gerente de la ILC, en declaraciones para el diario El Tiempo le restó importancia a la pérdida de la licitación para la fabricación, distribución y venta del aguardiente Doble Anís del Huila, y dice casi con desparpajo y cinismo que simplemente se perdió, como si estuviera hablando de un proceso insignificante en una industria boyante. ¡No señor! Este asunto es muy delicado, no solo por la forma como se perdió la licitación, sino por lo que hay detrás de las actuaciones administrativas de esta gerencia.

Es increíble. Una empresa que casi a diario tiene que calificar licitaciones de sus propios proveedores; que cuenta con un departamento jurídico supuestamente capacitado y experto; y que se reforzó con una nómina paralela de más de quinientos millones de pesos en el área jurídica, tiene que saber que a una licitación no se puede llegar sin las pólizas de seguros exigidas, pues es una causal inapelable de eliminación. Lo mismo sucede con el incumplimiento de la experiencia, que es estricta e insubsanable, y motivo suficiente para rechazar la propuesta.

El gerente aduce que contó con el aval de la Junta Directiva en todo este proceso. Dice además que, conociendo la inexperiencia de Furel S.A. -su asociado con el 99% en la Unión Temporal San Agustín- tenían preconcebida la subcontratación de la distribución del producto con la firma Cormoriente, uno de los distribuidores de la ILC. Y caben entonces las siguientes preguntas: ¿no eran conscientes la Gerencia y la Junta Directiva de que no estaban cumpliendo con los requisitos mínimos para presentar la licitación? Si no eran conscientes, ¿cómo no reciben la alerta del departamento jurídico de la empresa? ¿Las licitaciones de la ILC, no son sometidas a análisis previos para evitar este tipo de inconsistencias? ¿Es concebible que una licitación de más de 73 mil millones de pesos, se presente sin el cumplimiento de los requisitos obvios? ¿Querían realmente ganar la licitación?

La ILC tiene en la actualidad una capacidad industrial ociosa que, por sus costos fijos, encarece el costo de los productos. Por eso no se puede dar el lujo de desperdiciar, despreciar y rechazar posibilidades de producción, pues esta le ayudaría a ampliar el volumen de sus productos y reducir los costos unitarios. Pero esto no parece importarle a la administración que muestra una tendencia derrotista desde su inicio, y que con sus actuaciones responde más a unas expectativas de destrucción, devaluación y depresión de la empresa que a una de visión alentadora y de reactivación. ¿A quién le conviene esto? No propiamente a los caldenses ni a las rentas del departamento. El primer beneficiado es el Departamento de Antioquia y nuestra principal competencia, la Fábrica de Licores de Antioquia, para quienes parecen estar trabajando los administradores actuales.

¿Son temerarias mis afirmaciones? Veamos: Furel S.A., la compañía con la cual se unió la ILC para presentar absurdamente la licitación del Huila, es una firma antioqueña. Dispres S.A., la firma que ganó la licitación de la distribución de la crema de ron Sheers en Antioquia y a quien se le quería veladamente otorgar la distribución de los demás productos en un contrato amañado en la administración de Pilar Joves, es antioqueña. Mercadeo Integral Limitada, empresa con la que Bruno contrató "a dedo" para "Recomendar un modelo integral de internacionalización para la categoría de ron", por valor de $232.000.000, es una firma antioqueña. (Firma cuyo capital, además, es de solo $500.000). Quien firma como representante de Price Waterhouse Cooper en el contrato de Auditoría de los Estados Financieros por el año 2013, por valor de $127.600.000 (contrato de dos meses), es la antioqueña Bibiana del Socorro Moreno Vásquez. Y para rematar, el subgerente comercial de la ILC es el abogado José Julián Gómez que, sobra decirlo, es antioqueño.

Y sigamos ahondando un poco: ¿de dónde salió la firma constructora Furel S.A. para que fuera considerada como la compañía ideal en la Unión Temporal San Agustín? ¿Quién la impuso? ¿Con qué criterio? ¿Quién está detrás de todo este entramado? Si la disculpa es que tiene una posición financiera excelente, ¿acaso no tenemos firmas en Manizales y Caldas con solidez, prestigio y solvencia? ¿Qué le impedía a la ILC asociarse de una vez con el distribuidor Cormoriente y evitar el rechazo por falta de experiencia? O, ¿por qué no buscar la asociación con distribuidores caldenses que llevan años cumpliendo y sobrepasando metas y que tienen la solidez financiera suficiente?

Repito: el mayor riesgo que está corriendo la ILC se lo genera su propio personal y la indolencia de sus administradores. Tenemos ocho departamentos de la Costa sin distribuidor de nuestros productos y hoy se aduce que hay que esperar hasta que pase la ley de garantías para empezar el proceso licitatorio. Es decir, tenemos que esperar hasta el año 2015 para empezar a reactivar esos mercados, cuando la ILC lo que necesita es ampliarlos y volver a hacer presencia. ¿No estamos sometiendo deliberadamente a una depreciación de la empresa por falta de ventas, y a una muerte lenta por consunción? Aquí tienen que haber unos responsables. Ya la Contraloría empezó su trabajo, y tienen que seguir la Procuraduría y la Fiscalía, pues el detrimento que se le está causando a la empresa no puede esta vez tener miramientos de quiénes son los causantes para decidir si responden o no judicialmente. Repito: ¡algo apesta en la ILC!