Si el Estado colombiano se comportara como una empresa, de seguro no sería necesario cobrar impuestos elevados ni antitécnicos. Las empresas optimizan los recursos y aprovechan las oportunidades de una manera que el sector público debería aprender.

El objetivo principal de las empresas es maximizar el bienestar de sus accionistas. Un gobierno logra esto a través de la inversión y la transparencia. Si el gobierno maximizara el bienestar de los ciudadanos, a sus accionistas no nos tendrían que obligar a salir a votar; el buen funcionamiento del sistema nos motivaría hacerlo, así como un buen producto nos seduce a cómpralo. Adicionalmente, un análisis del presupuesto presentado evidencia una reducción de la inversión de 1,4%, mientras que los gastos de funcionamiento aumentaron en 6,4%. Un presupuesto compuesto de esta manera difícilmente hubiera sido aceptado por la junta directiva de una empresa privada. Un crecimiento razonable de los gastos de funcionamiento estaría cercano al incremento de la inflación (3%).

Las empresas privadas buscan optimizar sus costos de producción. El aumento de los impuestos incrementa los costos de producción en esta empresa llamada Estado. Muchos argumentan que en Colombia se cobran pocos impuestos, pero estas aseveraciones se refieren a un solo tipo de gravamen, el de la renta. Sin embargo, si se tienen en cuenta los impuestos sobre la nómina y los impuestos departamentales y municipales, una empresa puede llegar a pagar hasta el 76% de sus utilidades en impuestos, cifra distante al 41% de los países de la OCDE.

El impuesto a la riqueza es un duro golpe a las empresas nuevas y extensivas en capital. Como lo anuncia el artículo de la revista Dinero titulado "Impuesto al patrimonio", las empresas pagan este impuesto en base a su valor en libros en vez de a su valor de mercado. Una empresa nueva no ha tenido oportunidad de depreciar sus activos, por lo que su valor en libros será mayor a las empresas con alguna antigüedad. Esto pone en jaque la supervivencia de las empresas que apenas están consolidando su mercado. También este impuesto incrementa el costo de las inversiones, impidiendo la formación bruta de capital. Además, como se tasa el stock y no los flujos, una empresa que tenga problemas financieros pagará el mismo impuesto que una empresa con buenas tasas de ganancia, esto es un grave error que va en detrimento de nuestro golpeado sector industrial.

Si el Estado funcionara como una empresa privada optimizaría sus recursos. El gobierno recibe reportes de entidades financieras sobre nuestras ganancias. Sin embargo el mecanismo para declarar es un dolor de cabeza. La DIAN podría implementar un sistema en el que, con unos cuantos clicks en su página, las personas puedan declarar y pagar este impuesto sin incurrir en los costos adicionales en tiempo y los que implican contratar a un contador.

Si el Estado fuera una empresa privada, la clase media no tendría que pagar los platos rotos de un sistema que ha soportado un déficit fiscal durante varios años. También, revisaría su composición de activos y pasivos, pues algunas posesiones como Ecopetrol se han devaluado dejándole grandes pérdidas al Estado colombiano, así como la de ingresos y gastos, se ha hablado mucho de recaudar más, pero poco sobre la eficiencia de las expensas.