El faltante que tiene el Gobierno para financiar su presupuesto está dando pie al surgimiento de nuevos impuestos antitécnicos y a la doble tributación. Como lo he reiterado desde esta columna, la mejor solución es buscar la austeridad fiscal, pues el déficit estructural observado supera la meta pactada por la regla fiscal. Para cumplir con el marco fiscal es necesario optimizar el gasto del Gobierno central.

Con menos de un año de haber entrado en vigencia la nueva estructura al impuesto sobre la renta, se pone sobre la mesa un nuevo tributo que gravaría las utilidades, el impuesto a los dividendos. Las empresas pagan alrededor del 33% en impuesto sobre sus utilidades; actualmente se propone implementar un impuesto que oscile entre el 2 y el 4% sobre los excesos de caja que las compañías les pagan a sus inversionistas (más conocido como dividendos). De aprobarse el proyecto, se estaría generando una doble contabilidad sobre las rentas; una persona o empresa que pague renta y reciba dividendos pagaría dos impuestos por el mismo rubro. Adicionalmente, este impuesto desincentiva la inversión extranjera directa, la cual genera mayor empleo gracias a las inversiones en capital físico que amplían la producción. Los costos nominales de la inversión extranjera directa serían la inflación y el impuesto sobre los dividendos, sumados representarían entre el 4 y 7%. Por ende, las rentabilidades de las inversiones deberán ser superiores al 7%, panorama difícil de alcanzar. Un inversionista preferirá realizar inversiones de portafolio, que generan poco incremento en el sector real, son muy volátiles y pueden generar desequilibrios en la balanza de pagos ante una fuga masiva de estos capitales.

Además, sería un gran desincentivo para que surjan grupos empresariales o sistemas de compañías vinculadas, ya que cada vez que una compañía le pague dividendos a una vinculada o a su matriz se generaría un pago de impuestos en cascada, en el cual se pagaría varias veces el impuesto al dividendo.

El impuesto al patrimonio es otro de los que se asoman al debate de la nueva tributaria. Tras desechar la baja de la base de este impuesto, de $1.000 millones a $750 millones, el debate se versó sobre la tarifa. Aumentar este tributo, antitécnico, desestimula la capitalización de las inversiones e incentiva el endeudamiento para disminuir el patrimonio líquido. Esto conllevaría a un menor incremento de la actividad real, ya que el costo de invertir en capital físico aumenta debido al aumento en el patrimonio líquido, lo que hace que las empresas y personas paguen más impuestos, reduciendo la oportunidad de generar nuevos empleos.

En vez de castigar a quienes dinamizan la economía a través de sus inversiones, el Gobierno debería buscar la manera de hacer tributar al cerca del 50% de la economía que vive en la informalidad. Los impuestos castigan a las personas que cumplen con su deber y se registran ante el Estado, premiando a quienes no lo hacen. También es necesario reducir el tamaño del Estado, el déficit del Gobierno no está cumpliendo con lo pactado en la regla fiscal. Además, los gastos de nómina y las salvaguardias a sectores específicos han aumentado considerablemente. Adicionalmente, las salvaguardias van en contravía de la productividad y el bolsillo del consumidor, ya que hay bienes intermedios que pagarían más aranceles y las empresas no tendrían incentivos para optimizar su cadena de producción, lo que se traduce en mayores precios para los consumidores.

Las pensiones constituyen una de las mayores cargas en el presupuesto de la nación, urge una reforma estructural para acabar con los desequilibrios que generan los subsidios del régimen de prima media y las súperpensiones. Para no desincentivar el crecimiento de la economía, hay que apretarse los pantalones para no apretar a quienes generan empleo.