Recientemente los industriales colombianos, en cabeza del presidente de la Andi, han salido a pedir auxilios gubernamentales. Sería una lástima que el debate desembocara, como terminan casi todos los debates de políticas públicas en Colombia, en temas burocráticos o jurídicos, como desmembrar el ministerio de Comercio Industria y Turismo, o expedir decretos con subsidios directos y protecciones arancelarias. 
El problema de la industria es precisamente la excesiva presencia estatal que mina las posibilidades de hacer empresa privada y crear empleos en el país. Empecemos por analizar la primera confiscación que realiza el Estado: los impuestos. En Colombia, invertir en capital físico se castiga vía un absurdo gravamen: el impuesto a la riqueza. Un empresario industrial que quiera ser más competitivo e invertir en maquinaria de punta deberá pagar un porcentaje del costo de su inversión, así ésta no le genere ingresos. De hecho, así su establecimiento industrial genere pérdidas, deberá pagar por el capital físico que posea, sin importar que éste sea ocioso (no utilizado). Además, una pequeña y mediana empresa, según el Banco Mundial, destina alrededor del 70% de sus ingresos en pago de impuestos como el de renta, a la nómina, IVA, ICA, 4x1.000, predial (que podría ser una sobre tributación sobre el patrimonio), etc. 
La siguiente traba estatal que agota la iniciativa privada es el pesado aparato burocrático. Según el Banco Mundial, para crear una empresa en Colombia se requieren 8 procedimientos, 11 días y además cuesta. Eso sin contar la devolución de los estatutos de la empresa por los abogados de la Cámara de Comercio. ¿Se imaginan las consecuencias de resolver el problema con más burocracia? 
Adicionalmente, como nuestro ingenuo Estado se cree capaz de controlarlo todo, impone precios mínimos que no hacen otra cosa que encarecer la cadena de producción. La tabla de fletes para el transporte de carga, revivida por la resolución 757 del 26 de marzo del 2015, impone pisos en los precios para el traslado terrestre de bienes. Si usted es un emprendedor y quiere competir con mejores precios estaría operando en la ilegalidad. Así el Estado invierta en megaautopistas, los ahorros de los transportadores no se van a ver reflejados en menores costos para el transporte de carga. Además, el precio mínimo desincentiva la renovación del parque automotor, pues hace rentable mantener en las vía a los camiones viejos que consumen más gasolina. 
Finalmente, la cartelización de la economía colombiana aumenta, aún más, las barreras de entrada a nuevos competidores. A veces la concentración es fomentada por el Estado, por ejemplo mediante subsidios. Los subsidios favorecen a las empresas que ya están en el negocio o que son parte de un gremio. Los nuevos competidores quedan por fuera de beneficios establecidos. Otras veces, los empresarios se ponen de acuerdo para fijar precios e inhibir la entrada a nuevos agentes. 
La coyuntura cambiaria debería ser aprovechada para fomentar la competitividad. El siglo XXI demanda estructuras flexibles para competir en el mercado global. Las soluciones burocráticas y jurídicas, que actúan como camisas de fuerza, coartan nuestra capacidad para competir.