Para nadie es un secreto que las cuentas no le están cuadrando al Gobierno. Por un lado, las rentas mineras que alimentaban las arcas se han esfumado, y nos hemos dado cuenta que nuestro aparato productivo no es robusto como para llenar el vacío. La otra cara de la moneda es el desajuste de los indicadores monetarios. La inflación (4,36%) está por encima del rango meta (2%-4%) del Banco de la República, institución que había ganado credibilidad por cumplir su mandato constitucional de mantener el valor adquisitivo de la moneda. Además, el dólar está muy caro, lo que agrava el problema inflacionario, pues Colombia importa más de lo que exporta. Nadie sabe qué hacer.

Voy a comenzar por analizar el problema monetario. La Junta del Banco de la República enfrenta dos posibles políticas antagónicas. Por un lado, cuando la inflación es alta quiere decir que los papelitos que usted guarda en su billetera pierden valor, debido a que necesita más de éstos para comprar lo mismo. En ese caso, la política correcta es subir la tasa de interés. Esto quiere decir que el banco deja de imprimir billetes, y al haber menos cantidad de un bien el precio de éste aumenta, lo que quiere decir que su dinero deja de perder valor adquisitivo. Pero, como hay menos circulante, los recursos para invertir disminuyen, por lo que la economía pierde su ritmo. Si a esto le sumamos que los economistas pronostican un menor crecimiento, la cosa se vuelve más complicada. Una forma de hacer que crezca la economía es bajando la tasa de interés, de esta manera endeudarse es menos costoso y hay más dinero que incentiva el consumo y la inversión, con el agravante que esto genera más inflación. Sin embargo, cualquiera de esta política es de corto plazo y no soluciona el problema estructural.

La coyuntura internacional ha provocado que el dólar se vuelva más costoso. Como nosotros compramos más bienes de los que vendemos en el extranjero, muchos productos subirán de precio. Las industrias colombianas importan materia prima para elaborar sus productos, y muchos de los alimentos que consumimos los compramos por fuera. Además, la inversión extranjera, que otrora balanceaba las cuentas, ha caído por el menor precio del petróleo y trabas fiscales.

Desde el Gobierno hay quienes creen que el dólar favorece a la competitividad de nuestra economía, pues en el extranjero el valor monetario de nuestros productos ha bajado. Pero se equivocan, una mayor tasa de cambio no incentiva el mejor uso de los factores de producción. Esto me lleva al segundo análisis, sobre el aparato productivo, donde está el verdadero problema.

A nuestras empresas se les ha encarecido su producción, dado que la materia prima que importan es más cara. Además, la tecnología que hay que importar, y que se necesita para que de verdad aumente la competitividad, vale más. Como antes el Gobierno se alimentaba de las rentas del petróleo, la competitividad del aparato productivo estaba olvidada. De hecho, se atentaba contra ésta. El esquema tributario es poco amigable con las empresas. Somos uno de los países que más les cobra impuestos en Latinoamérica, esto genera inequidad. La verdadera desigualdad está en lo que poseen los individuos. Cobrarle más a las empresas es destruir empleos y encarecer la producción.

Por otra parte, no hay una política clara de competitividad. Nos hemos dado cuenta que la economía está "cartelizada", esto implica que las empresas de un sector se ponen de acuerdo para quebrar a la competencia y cobrar precios más altos, como pasa con los cuadernos, el papel higiénico, entre otros. Además, cuando se asoma la competencia extranjera, le piden protección al Estado, quien no escatima para hacerles un guiño, fijando precios o poniendo trabas a la importación, y haciendo que usted pague más y que ellos no se modernicen, como pasa con los camiones, taxis y las telecomunicaciones.

Hasta que no se incentive la competencia, las cuentas del ejecutivo no van a cuadrar. Incrementar las tasas impositivas no es sinónimo de mayor recaudo. Más bien deberían pensar en reducir impuestos y trabas a la creación de empresas para ver si logran que el 50% de la economía, que actualmente es informal, se formalice.