El Banco de la República decidió, en la reunión del 31 de septiembre, ajustar las tasas en 50 puntos, cuando lo usual era modificarlas en 25, y existen buenas razones para hacerlo.
En primer lugar, la inflación observada está por encima de las expectativas. Esto quiere decir que los pesos que tenemos en las billeteras están perdiendo valor a un ritmo mayor. Esta situación puede afectar la confianza de los agentes y hacer que consoliden sus nuevas expectativas, y por ende fijen salarios y precios por encima de la meta impuesta por el emisor. Por otra parte, la tasa de interés real sigue siendo negativa debido a que las ganancias por ahorrar dinero, que se refleja en la tasa de interés (5,25%), son menores a la tasa a la que pierde valor, reflejada en la inflación (5,35%).
El encarecimiento de los bienes de importación para consumo final y producción, junto con el fenómeno del Niño, han incidido sobre el aumento de la inflación. El Banco tomó medidas adicionales para frenar el primero de estos choques. Cuando la tasa de cambio con respecto al dólar supere un promedio, el emisor venderá hasta US$500 millones, para moderar su volatilidad. Además, una mayor tasa de interés sirve como incentivo para retener capitales, debido a que aumenta el rendimiento de los depósitos, factor que puede tener un efecto estabilizador adicional.
Hay quienes sostienen que una mayor tasa de interés enfriaría el crecimiento de la economía. No obstante, en un escenario de rápido crecimiento del crédito, acompañado de incertidumbre, una tasa de interés baja puede incentivar inversiones riesgosas y generar burbujas. No nos olvidemos que la crisis en Estados Unidos estuvo influenciada por un rápido incremento de personas endeudadas con perfiles de riesgo altos. En momentos donde no se sabe qué pueda pasar lo mejor es guardar la calma.
Ya el Banco de la República se ajustó el cinturón, es hora que el gobierno también lo haga. La política de tasas de interés subsidiadas para vivienda podría generar una burbuja inmobiliaria, similar a la ocasionada por el Fannie May act en Estados Unidos, que implementó incentivos gubernamentales para que las personas accedieran a créditos hipotecarios. Por otra parte, a pesar de la devaluación del peso, el aparato productivo no ha logrado repuntar. En Colombia la política productiva ha estado olvidada, el sistema tributario desincentiva la iniciativa privada, y las rigideces laborales relegan a la mayoría de los trabajadores a la informalidad. Además, la falta de protección de derechos de propiedad en el campo limita el acceso de campesinos a créditos y seguros para sus cosechas.
Las materias primas no volverán a ser la importante fuente de ingresos que otrora fueron. Urge repensar la política productiva del país, para ello el Gobierno deberá buscar recortar gastos con el fin de no asfixiar con impuestos a las pocas empresas formales que existen. En la última encuesta del Foro Económico Mundial los empresarios nacionales manifestaron que la mayor barrera para hacer empresa en el país es la tasa impositiva. Según Rosario Córdoba, de las 336.241 empresas que pagaron impuestos sobre la renta, 3.441 aportaron el 68% del recaudo con tasas elevadas.
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