¿Atacar o no a Timochenko? Este es el dilema al que se ha reducido la discusión electoral en los últimos días. Esto por cuenta de una entrevista del presidente en la que dijo conocer más o menos la ubicación de este cabecilla, pero confesó que a la hora de ordenar una operación para darle de baja "lo pensaría dos veces". Y entonces llovió un diluvio de tweets a favor y en contra de la postura del primer mandatario. Algunos apoyando su prudencia para evitar que el proceso de paz explote en astillas volando, mientras otros le critican su falta de determinación comparada con la vehemencia con la que la guerrilla ataca a la fuerza pública.

En medio de este escándalo de turno, donde tirios y troyanos buscan sacar réditos para sus respectivos porcentajes en las encuestas, pasó desapercibida la verdadera noticia de la semana, quizás el evento de mayor trascendencia que veremos en los días venideros: La Corte Constitucional llamó a Santos para que explique el 20 de mayo en qué consiste la participación en política de su tan publicitado Marco Jurídico para la Paz. La cita es vital, pues responde a la inquietud de la Corte por lo que parece estarse pactando en La Habana.

La cuestión es esta. Si todo sucede según como se ha filtrado a cuentagotas desde la mesa de negociación, algunos miembros de la guerrilla entrarían a formar parte del Congreso con un porcentaje nada despreciable de curules. La pregunta es entonces quiénes estarían aptos para conformar ese selecto grupo que saltaría de la selva al capitolio nacional. En este punto ha sido enfática la Corte al precisar que los guerrilleros que tengan situaciones pendientes con la justicia, en especial alrededor de crímenes de lesa humanidad, no pueden eludir la cárcel e irse a legislar, pues esto sería un caso craso de impunidad que metería en problemas a Colombia con organismos de justicia internacionales.

Este rompecabezas es complejo de solucionar pues el presidente tendrá que equilibrar su afán de firmar la paz con los deberes judiciales que la ley y la Constitución le exigen como máximo representante de la institucionalidad colombiana que es. Si a la Corte no le satisface su explicación de cómo contener tantas variables al tiempo sin fallar estaría facultada para declarar inconstitucional el aparte demandado del Marco y crear un vacío jurídico que pondría en aprietos la estrategia reeleccionista de cara a un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto.

La duda ahora no es si hacer llover fuego o no sobre el campamento de Timochenko, pues de caer él siempre habrá un sucesor haciendo fila, el interrogante que hay que responder es qué pasará una vez que el proceso de paz, que cada día parece obligar más al país a votar por Santos so pena de romperse, llegue a un hipotético feliz término. El posconflicto es la verdadera temática que definirá la Colombia que tendremos de aquí a 20 años, eso es lo que realmente tendremos que pensar dos veces.