La vida en todas sus manifestaciones es un regalo en la mayoría de ocasiones. Eso para usted, para mí y para el grueso de la población colombiana que de momento se mantiene sana y puede llevar una cotidianidad normal, de esas donde nada duele más que los afanes recurrentes del día a día. Pero hay un porcentaje anónimo de nuestro país que no tuvo tanta suerte y para ellos la vida es una maldición que llevan a cuestas, una existencia con temporizador que solo representa el agónico camino hacia el mismo final inexorable. Para esos pacientes terminales conocedores de que su situación no hará más que empeorar, morir no es un capricho ni un lujo, es una necesidad que prevalece sobre respirar.

Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud en un gallardo acto de avanzada, patrocinado por una orden de la Corte Constitucional que urgía acatar, escuchó la petición de humanidad que se emitía desde cientos de camas de hospital y reglamentó la muerte asistida con un protocolo escueto que salda una deuda de décadas con aquellas almas atrapadas en cuerpos que se marchitan sin punto de retorno. Pero los problemas apenas comienzan para esta valiente reglamentación.

La Iglesia Católica a través de sus voceros celestiales ya afirmó inflando el pecho que prefiere cerrar hospitales antes que verse obligada a matar, todo como parte de su visión cosmológica en la cual el sufrimiento es una prueba ácida de la fe. Mal haríamos en exigirles a los enfermos comportarse como santos cuando no quieren hacerlo, el egoísmo puro con visos de sadismo son la única explicación válida para obligar a un paciente a aguantar cantidades abismales de dolencias solo por el placer de ver nuestras creencias materializadas en ellos. Esperemos pues que simplemente sea una amenaza al fragor de la indignación eclesiástica, ya que clausurar un hospital condenaría a cientos y equivaldría a matar por omisión, lo que en el fondo también es pecar.

La Constitución le ha dado al colombiano las más amplias libertades en muchas áreas, una de las cuales abarca, por supuesto, la facultad de decidir cómo vivir y hasta cuándo hacerlo. Un concepto absurdamente básico que a algunos sectores de nuestra sociedad le ha sido difícil entender, pero que en otras latitudes se ha reconocido y protegido desde hace lustros. Colombia no es el primer ni el último país que aprueba la muerte digna, así que dejemos el espectáculo que no estamos frente a nada que no se haya probado antes. No cambiaremos el mundo ni iremos al infierno, pero sí mejoraremos las condiciones de muchos espíritus moribundos.

Claramente viene la parte más compleja, desde socializar la resolución hasta hacerla cumplir, lo que costará excomulgados, demandas y acalorados debates, pero la oportunidad de decir adiós cuando aún se esté consciente triunfará. Bravo por el Ministerio de Salud que ha sabido arriesgarse apostando por la salida más humana, aquella que entiende que cuando morir es necesario para una mejor vida no hay religión, ley ni procurador con la autoridad suficiente para oponerse.