En múltiples ocasiones, expertos en temas de planificación y ordenamiento del territorio han planteado que en Colombia el desarrollo de varias de las más importantes ciudades se ha dado de espaldas a sus ríos, evidenciando con ello los niveles de deterioro lamentables que pueden apreciarse en cauces y riberas. Otros tanto, han hecho notar que el hecho que los ríos marquen límites político-administrativos genera un entendimiento de los mismos como barreras que separan las poblaciones, en lugar de unirlas, lo cual incide en alguna medida en que se asuman como tapias inertes, en lugar de ser escenarios de vida.

En el caso de nuestro territorio, el desarrollo "de espaldas al río" o al menos sin considerar la necesidad de conservar sus valores ambientales, sociales, económicos y culturales, se hace evidente desde pequeños cauces como la quebrada Manizales, hasta la más importante corriente del país, el río Magdalena.

Por fortuna, los esfuerzos de las instituciones de nuestro territorio se han volcado en los últimos años hacia diversas estrategias de conservación, protección y recuperación de quebradas y ríos, con una visión territorial de cuenca hidrográfica, que es lo que permite una mirada integral, para soportar posteriores intervenciones que tengan el mismo atributo. Los Planes de Acción Integral que han prosperado en el oriente y el centro-sur del departamento, así como las iniciativas de las autoridades ambientales, los municipios y las empresas de servicios públicos, han ido reportando logros, aunque hay que reconocer que los efectos de un deterioro sostenido por varias décadas, no se pueden revertir de manera inmediata ni aún en el corto plazo.

Falta quizá reforzar el diálogo y la participación ciudadana en el ámbito de la gestión integral del recurso hídrico. Pero lo que se requiere es una participación que signifique el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de todos los habitantes del territorio, es decir, que se cumpla con los deberes establecidos en la normatividad que a todos nos cobija, y que se reconozcan los derechos a gozar de los servicios que el patrimonio ambiental genera para todos. En estos aspectos, lamentablemente, nuestro territorio es aún deficitario: las acciones institucionales que en ocasiones son inconsultas y "unidireccionales", son evidencia del escaso capital social que soporta la actuación desde lo público. Pero también los mecanismos de participación y control social, que localmente han sido desacreditados por los excesos de unos pocos en su aplicación, lejos de ser espacios de construcción colectiva, se han tornado en mecanismos de presión hacia la institucionalidad, en extremos que superan lo racional.

En este, como en otros tantos temas de la vida nacional, necesitamos recuperar el diálogo como escenario, para conseguir de manera efectiva lo que las sentencias nunca consiguen: el máximo beneficio para el máximo de partes.

Escenarios de este tipo se están promoviendo por este tiempo en nuestro territorio: En el ámbito del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Chinchiná, Corpocaldas, la Universidad Nacional y Pactos por la cuenca, asesorados por la organización Alisos, están propiciando un espacio de negociación sobre los mecanismos de implementación de las líneas estratégicas del plan, un ejercicio que no está contemplado en las obligaciones de ley, y que por tanto supera el cumplimiento de mínimos, que es lo verdaderamente responsable en el actuar institucional.

De igual manera, el Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro está convocando para un Foro Nacional sobre el panorama estratégico y sostenible de su territorio, que tiene como eje central la recuperación del río Magdalena. Como señaló este diario en un editorial reciente, dicha recuperación no se puede entender únicamente en la lógica de la navegabilidad, sino además en la recuperación de los valores ambientales, económicos, sociales y culturales que marcaron la historia de nuestro país por algo más de tres siglos.

Los espacios se están abriendo, y como ciudadanos tenemos que superar la hipocresía con la que reclamamos responsabilidades de los gestores y gobernantes (que sin duda las tienen como obligación), cuando en muchas ocasiones los dejamos solos, en un inadecuado entendimiento de las responsabilidades alrededor de lo público.