En ejercicio del control político que corresponde a los congresistas, se dio recientemente cierto pulso entre el ministro de Minas y Energía, Tomás González, y el senador Antonio Navarro Wolf, miembro de la Comisión Tercera, encargada de temas de hacienda y crédito público. Para el senador Navarro, es urgente revisar el cobro de regalías e impuestos por explotación de recursos minerales e hidrocarburos, concepto por el que estima han dejado de ingresar al menos 30 billones de pesos en los últimos nueve años. En respuesta, el ministro González señaló en una entrevista radial que "… no tenemos que hacer una revisión y eso no creemos que sea un favorecimiento a las empresas".

Tiene razón el ministro. Una revisión del actual esquema significaría que los más favorecidos cedieran parte de su gruesa tajada, lo cual no les resultaría favorable. Pidió además prudencia para evitar que los inversionistas se vayan a países de la región que pretenden flexibilizar sus normas y reducir cargas impositivas. Se refería principalmente a México y Perú, países relativamente similares al nuestro en cuanto a riqueza natural y modelo económico.

Sobre lo último, el modelo económico, abunda el debate y permanecen cuestionamientos sobre la necesidad de más fuerza en el Estado o el mercado, si debe atenderse primero la superación de la pobreza o favorecer el crecimiento económico, o si deben invertirse más recursos públicos en programas sociales o en mayor inserción internacional.

Revisar los acuerdos con las empresas que explotan minerales e hidrocarburos llevó por ejemplo a que Bolivia nacionalizara entre 2006 y 2007 la explotación de sus hidrocarburos (sin expropiaciones, como en Venezuela), cambiando la proporción de la distribución de utilidades, una vez que la compañía recupera sus costos de operación. En cifras gruesas, la revisión de porcentajes de regalías e impuestos permitió que las empresas privadas siguieran operando (y reportando utilidades a sus accionistas), pero significó para el país pasar de captar menos de 20% de la venta bruta a una captación que puede variar entre 67 y 75% del valor de venta del recurso que se extrae de su territorio.

Colombia, de acuerdo con el ministro González, encuentra en la revisión una amenaza, porque teme la competencia de México o Perú, negándose quizá la posibilidad de ver los aciertos (en medio también de fallas) de países que han incrementado su inversión pública, como Ecuador y Bolivia.

Sin embargo, analistas e investigadores de la región (Diego Montenegro, George Gray, Marta Novick, entre otros) señalan que profundizar en el debate sobre el modelo económico no ofrecerá las claves -o al menos no todas- para la construcción de un verdadero desarrollo con equidad. Además de un debate necesario sobre la fuerza del mercado y del Estado, los analistas proponen una revisión del patrón de desarrollo, es decir, la manera en que se vinculan y funcionan los factores de producción. Gray, para explicarse, sugiere que el "Modelo" es el CÓMO de la economía, mientras el "Patrón" es el QUÉ. En esto, paradójicamente, se parecen Colombia y Bolivia, pese a sus diferencias de modelo.

Las expectativas de ambos países, como la mayoría de la región, están centradas en la explotación de los recursos naturales, lo cual no solo pone en riesgo la sostenibilidad, sino que es una base estrecha para soportar el desarrollo. Explotar recursos que son agotables, minimizar o desatender los impactos ambientales y exportar solo materias primas, ofrece un panorama igualmente limitado para quien nacionaliza sus recursos que para quien privilegia la inversión extrajera.

Es obligación, no solo de los presidentes, sino de las instituciones públicas y privadas, de las universidades, de los gremios, de los sindicatos y asociaciones… de todos… propiciar espacios de discusión y debate sobre las apuestas por el desarrollo. Todo está por revisar, porque sin duda, el camino trazado nos puede llevar al crecimiento, pero no está permitiendo superar las inequidades, ni está ampliando la base para el soporte de la economía. Al contrario, la ha estrechando: tenemos cada vez menos diversidad en lo que se cultiva, dependemos de alimentos importados, la manufactura y la agroindustria se reducen, el capital social y cultural se deterioran…

Puede tener razón el ministro en su argumento, pero se equivoca al tiempo si considera que gestionar una política significa agenciarla sin cuestionar nada. En esto, y en muchas otras materias, todo está por revisarse.