Uno de los temas que ronda el inicio del segundo período del presidente Juan Manuel Santos es la conformación de su gabinete. Algunos dignatarios ya han sido anunciados, pero será solo hasta el próximo lunes que se conozca la conformación completa de su equipo de gobierno, según el mismo presidente ha anunciado. De ahí la pregunta que formulo en el título de esta columna. No tengo interés en indagar si el presidente Santos seguirá unido a su esposa. Lo que pregunto es si cabe el mismo análisis respecto de quienes tendrán la responsabilidad de liderar las políticas en materia de justicia, gestión ambiental, vías y transporte, comercio exterior, entre otros… Lo pregunto porque en temas igualmente estructurales como la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, es presentada por el gobierno nacional como vocera.

Advierto que no pongo en duda las capacidades individuales de "Tutina" de Santos. De ella se reconoce que antes de llegar con su familia a la Casa de Nariño, trabajó como editora de libros infantiles, así como hizo parte de diversas iniciativas de gestión social, que legitiman su presencia en escenarios donde se discuten las políticas sociales del país. Lo que cuestiono es si su participación en temas de política social se sustenta en experiencia y capacidades o únicamente en la condición de ser la esposa de alguien.

Lamentablemente, en el ejercicio del poder ejecutivo se ha acostumbrado asignar parte de las responsabilidades públicas en materia de infancia, mujer y familia a las "Primeras damas" de municipios, departamentos o del país, muchas de las cuales han demostrado liderazgo, capacidad y compromiso destacables, siendo lo último digno de resaltar, porque sin ser funcionarias públicas, algunas esposas, madres o hermanas de gobernantes han puesto su empeño en labores no remuneradas que significan aportes importantes a la población.

Pero no puede ser esa la manera de abordar la política social.

En Ecuador, en el año 2007, el gobierno de Rafael Correa abolió el cargo de "Primera Dama", por considerarlo ilegítimo, anacrónico y discriminatorio respecto de las demás mujeres de su país. Además, el comunicado oficial de la presidencia señalaba que reconocer tal cargo "…implica sexismo, ya que se transmite el mensaje de que las mujeres deben ocuparse de la asistencia social, mientras los varones deben dedicarse a las cuestiones de Estado."

En Colombia, como en la mayoría de países del mundo, no solo mantenemos la figura, heredada de las tradiciones monárquicas, sino que tratamos de darle una connotación distinta, adoptando nombres como el de "Gestora Social". Insisto en que no se pueden cuestionar condiciones de las personas que ocupan esas figuras, pero considero que la mayor expresión de responsabilidad de un gobernante respecto de la problemática social debe ser la asignación de recursos y funciones a quienes tienen la competencia legal, y no la dotación de equipos, oficina y vehículos a su esposa. Llevarlo a esa esfera es como decir que la desnutrición infantil, la garantía de derechos, la violencia intrafamiliar o la equidad para las mujeres deben ser atendidos de la misma manera que los problemas domésticos de la familia del gobernante.

Sin desconocer las buenas intenciones e incluso los aciertos de muchas "primeras damas" del país, debemos reclamar del Estado acciones estructurales y políticas públicas que consoliden la justicia social, superando la atención coyuntural de quienes consideramos desfavorecidos.

Pero además habría que tratar con justicia a las esposas de los gobernantes. En varios sitios web de "primeras damas" del país se inicia con la frase (infortunada): "DETRÁS de un gran hombre hay una gran mujer". No puede ser que para tantas mujeres valiosas y capaces, su mayor mérito haya sido la acertada escogencia de marido.