Con una postura reflexiva y un tanto crítica, el experto en temas de gestión de agua Axel Dourojeanni publicó en la revista Redesma de marzo de 2011, un artículo titulado "El error de crear organizaciones de cuenca sin las atribuciones necesarias para cumplir sus roles". En él, se hace una revisión de situaciones que se dan en toda América Latina, en las que se generan enormes expectativas a partir de la constitución de organismos en los que ambientalistas, autoridades, usuarios del agua y poblaciones enteras descargan las esperanzas de resolver los problemas que se han generado por toda una historia de ocupación desordenada del territorio y uso irracional de sus recursos. Señala el artículo que la imposibilidad de estos organismos de satisfacer tales expectativas deteriora la credibilidad en las instancias y procesos de participación, y concluye que la causa de las limitaciones de estos organismos está en que no se les otorgan los atributos para cumplir un rol estructural.

Los análisis y conclusiones de Dourojeanni bien podrían aplicarse a las diversas instancias de participación establecidas en Colombia, sobre las cuales no hay duda de su utilidad e importancia, pero tampoco hay mayor evidencia de su significancia, porque no se le han otorgado los atributos para cumplir con su función. Los Consejos Territoriales de Planeación, los de Política Social, los de Desarrollo Rural, los de Juventud, y tantos otros que existen en los niveles municipal y departamental, salvo contadas excepciones, son organismos compuestos por personas de las mejores voluntades y con enormes capacidades, pero con escasa visibilidad en la agenda de la intervención de los gobiernos territoriales. Voluntad y capacidad son apenas dos factores que no logran completar la ecuación que se requiere para que los Consejos sean verdaderos orientadores de la acción política.

Pero no por su tímido papel hasta ahora podemos cuestionar la importancia de las instancias de participación, que constituyen otra importante ganancia para el ejercicio de ciudadanía, sobre la base de nuestra Constitución de 1991.

En el territorio de la cuenca del río Chinchiná viene funcionando, a partir del ordenamiento de la cuenca, un Consejo de Cuenca, en el que durante los dos últimos años se vienen reuniendo líderes campesinos, ambientalistas, productores agropecuarios, gremios, universidades e instituciones educativas, alcaldías y Gobernación, empresas de servicios públicos y autoridades ambientales, para debatir, reflexionar y aconsejar a los encargados de tomar decisiones, para que estas deriven en los máximos beneficios sociales, ambientales y económicos para el territorio.

En las formas de gobierno y administración del poder que hemos heredado, y que provienen de las monarquías, los Consejeros (especialmente los "Altos Consejeros") son habitualmente figuras de enorme poder, que si bien no toman las decisiones en propiedad ni son encargados de ejecutarlas, influyen enormemente en el curso de las decisiones de quienes administran. En el caso de la cuenca Chinchiná, ese poder está en manos de un grupo de personas de los diversos sectores, que tienen la responsabilidad de entablar diálogos permanentes con sus representados y de orientar a la institucionalidad para que sus decisiones y actuaciones sean justas y busquen el beneficio común.

Un Consejero, por definición, es una persona reconocida por su experiencia, objetividad y capacidad de juzgar y orientar hacia lo correcto, y los Consejeros de la cuenca del Chinchiná cuentan con esos atributos, al menos así lo reconoció el ministro de Ambiente en su reciente visita a Manizales, quien después de escuchar el testimonio de un par de Consejeros, no dudó en reconocer con justicia que este Consejo es digno de ser referente a nivel nacional.

Ahora bien, para evitar caer en el error que diagnosticó Dourojeanni, hay que dotar a los Consejeros, además de la voluntad y capacidad que ya tienen, del verdadero poder para incidir en las decisiones, y ese proviene fundamentalmente del respaldo de los ciudadanos, de la legitimidad que se le dé a su representación y del involucramiento de todos los sectores en la construcción de un futuro sostenible para nuestro territorio.