El primero de los artículos de la Constitución Política colombiana reza que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” Tales enunciados en sí mismos invitan a una reflexión sobre lo que somos y debemos ser como Estado, o dicho de otra manera, entre lo que está escrito y lo que en realidad vivimos, asumiendo en todo caso que no es al Gobierno de manera exclusiva a quien le corresponde llevar a la práctica lo consignado en la Carta Magna, sino al conjunto de institucionalidad y ciudadanía. 
Ahora bien, para garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución Política está la Corte Constitucional, órgano que tiene diversidad de funciones, entre las que se cuenta la decisión sobre demandas que presenten los ciudadanos cuando consideren que una Ley en particular vulnera sus derechos o tiene vicios en su formulación. 
En virtud de dicha función, la Corte Constitucional recibió en el pasado mes de junio una “Acción Pública de inconstitucionalidad” presentada por un ciudadano que considera que las leyes 73 de 1985 y 576 de 2000 vulneran sus derechos y los de la ciudadanía en general. Las citadas leyes regulan el ejercicio y expiden el Código de Ética para los Médicos Veterinarios, los Zootecnistas y los Médicos Veterinarios Zootecnistas, profesiones legítimamente reconocidas en Colombia desde hace más de 70 años. Lo que motiva la demanda de inconstitucionalidad es el argumento que no hay garantía de un trato equitativo ni de la misma protección para profesionales que en cinco años de estudio son reconocidos legalmente como habilitados para ejercer tanto la medicina de los animales como las labores propias de la producción pecuaria. 
Al margen que lo que se resuelva desde la Corte, vale la reflexión para los profesionales del sector sobre las implicaciones que pueda tener un eventual fallo favorable para las pretensiones del demandante, que declarara inconstitucionalidad de las leyes mencionadas y que en virtud de ello le quitara el soporte legal al ejercicio de los profesionales formados durante más de 70 años en 16 universidades del país, bajo el amparo del Ministerio de Educación Nacional y en permanente conexión con el medio y con el desarrollo del sector pecuario colombiano. No ha de ser un impacto menor, pues si se desconociera el fundamento legal del título de “MVZ” se afectaría a 45% de los profesionales del sector pecuario registrados con Matrícula Profesional en Colombia. 
Es probable que un fallo de esta naturaleza no impacte directamente en el estado de salud de los animales, ni deteriore la cantidad y calidad de los productos de la industria pecuaria nacional, pero sÍ deterioraría la legitimidad del ejercicio profesional y afectaría las estructuras curriculares de programas universitarios que se cuentan entre los más antiguos y demandados del país. 
Pero lo verdaderamente preocupante es que un tema de esta dimensión no es objeto de discusión en las Escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia del país, como no lo están siendo muchas de las reformas que para la Política de Educación Superior está promoviendo el actual Gobierno Nacional. Mientras nuestros jóvenes estudiantes sueñan con ejercer su profesión al estilo de los protagonistas de los “realities” gringos, la Corte Constitucional está debatiendo el piso jurídico de su ejercicio, lo que realmente afecta su futuro y el futuro del sector. Y esto ocurre sin que se tienda un puente entre quienes debaten y quienes se verán impactados por el contenido del fallo. 
Igual trámite tienen muchas de las discusiones más estructurales en nuestro país, que se celebran por fuera de la vitrina mediática, pero que además no cuentan con la participación y control ciudadano, por la apatía generalizada frente a los asuntos del Estado. Como si no importara que esos asuntos justamente versaran sobre la dignidad humana y el interés general.