De acuerdo a las estimaciones del propio Gobierno Nacional, la tan polémica reforma tributaria que se acaba de sancionar permitirá recaudar 53 billones de pesos entre 2015 y 2018, es decir, un poco más de 13 billones por año, si fuese posible promediar el cálculo. Más allá de los análisis y cuestionamientos que han abundado en los últimos dos meses, quiero proponer una reflexión, que es a la vez un ruego, esperando que ningún evento climático adverso, como los que vivimos en 2010 y 2011, aparezca en los próximos cuatro años.

En aquel entonces, como medida para afrontar los efectos de las inundaciones y deslizamientos que afectaron buena parte de la geografía nacional, se creó el Fondo de Adaptación, con el propósito de "identificar, estructurar y gestionar proyectos, reconstruir infraestructura y rehabilitar sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios, afectados por la emergencia causada por las lluvias, así como para impedir la prolongación de sus efectos." Con el anuncio de su creación, en mayo de 2011, el presidente de la junta directiva del Fondo Nacional de Calamidades, Jorge Londoño Saldarriaga, anunciaba la asignación de alrededor de 14 billones de pesos para los "proyectos que verdaderamente hacen falta" para atender la emergencia y reparar fundamentalmente la infraestructura afectada.

Es decir, los proyectos que hacían falta en aquel momento eran proyectos claramente identificados, pero que no habían podido ser iniciados por falta de recursos que los viabilizaran.

Por otro lado, los recursos invertidos desde las regiones, por el sector público territorial, el sector privado y la sociedad civil, así como las pérdidas indirectas generadas por el daño de infraestructura, la pérdida de conectividad, las afectaciones en salud pública y las muertes, hacen pensar que eventos extremos como los de 2010 y 2011 bien pueden costar mucho más de lo que puede atender el Fondo de Adaptación… en síntesis, un evento ambiental extremo y desfavorable, nos puede costar lo mismo que 2 o 3 años de recaudo con la nueva reforma tributaria, y de nuevo, no estamos suficientemente preparados para ello.

Hace rato que la gestión ambiental dejó de ser preocupación de los amantes de la naturaleza. Los efectos sociales, económicos y políticos de la desatención de la gestión ambiental se hacen más que evidentes. Pero nos resta transitar aún un camino hacia la gestión integral. Con el agua, por ejemplo, a pesar que se contamos hoy con una política de gestión integral de recurso hídrico, varios de los involucrados en su ejecución (que no son solo las CAR) miran solamente el lecho de los ríos y quebradas, cuando la integralidad invita a mirar la totalidad de los elementos del territorio.

De igual manera, la gestión del riesgo debe ser integral, para que no se traduzca exclusivamente en preparación para atender emergencias. Un experto en el tema, Gustavo Wilches Chaux, lo plantea de manera magistral cuando señala que "uno de los problemas que tenemos es que creemos que los recursos de gestión del riesgo son como el airbag del carro, es decir una bolsa para soportar los choques, mientras el presupuesto general lo invertimos en aguardiente para el chofer".

Esperemos que para los próximos cuatro años no tengamos que enfrentar otro evento extremo, no solo porque serían lamentables las pérdidas, sino además porque en las cuentas del Gobierno Nacional no parece haber previsiones para que la próxima eventualidad nos encuentre preparados.