Siempre hemos sostenido que los gobiernos débiles que para sostenerse necesitan mostrar fortaleza, son los más peligrosos en términos democráticos. Por lo general, se convierten en autoritarios y se inclinan a la dictadura, así hayan sido elegidos por voto popular. Y ello, porque, al verse perdidos y en peligro de perder el poder, desatan su resentimiento contra cualquiera que los critique o controvierta; divulgue, difunda o resalte sus equivocaciones o sus faltas. Para ellos, solamente su propio interés legitima cualquier acto, aun el más abusivo. 
Otra tendencia de los gobiernos débiles consiste en la búsqueda de respaldo interno -por el camino de convocar el nacionalismo-, mediante la provocación de conflictos con otros países. 
Para todos esos fines, los gobernantes a los que no importa ni la democracia ni el Derecho se suelen fundar en la razón de Estado y se sirven de los denominados estados de excepción, con el propósito de ahogar toda forma de oposición, de crítica, de expresión, de reunión, de controles, de revisión o de separación funcional. Mediante ellos, supuestamente amparados en las normas constitucionales que otorgan facultades especiales para situaciones de perturbación del orden público, restringen y suspenden el normal funcionamiento de las ramas del poder público, así como la vigencia de las libertades y los derechos fundamentales. 
El irracional cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, por la decisión del presidente Nicolás Maduro -un gobernante políticamente débil, desprestigiado en extremo, carente del talante democrático, sin el liderazgo de su antecesor, y a quien la felicidad del pueblo no importa porque su finalidad prioritaria es su permanencia en el poder- es palmaria demostración de lo afirmado. En medio de una situación económica y social insostenible, ante un creciente descontento popular, con presos políticos, con una oposición interna respaldada a nivel internacional, y en época preelectoral, Maduro ha resuelto tomar a los colombianos como los chivos expiatorios -no importa su inocencia, su edad ni su sexo-, marcando a todo colombiano en la frontera como delincuente, sin juicio previo, ni derecho de defensa. 
Allí, colombianos y venezolanos afrontan una situación en extremo dramática. El pretexto para violar sus derechos es la existencia, en territorio limítrofe, de bandas paramilitares y de contrabandistas, irresponsablemente atribuidas a colombianos, sin asomo de un debido proceso. 
El uso de la figura por Maduro es contrario al Derecho. Carece de legitimidad y validez en lo que toca con los derechos esenciales y las libertades de miles de personas y familias, de una y otra nacionalidad, contra las cuales no hay indicios ni pruebas de actos delictivos, ni cargo, ni proceso alguno, cuyos papeles están en regla, y que de manera indiscriminada y brutal han sido afectadas. 
Al fin y al cabo, todas las dictaduras -de derecha o de izquierda- son igualmente odiosas. El Gobierno colombiano debe reaccionar en defensa de los suyos.